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Crónica política

El sistema presidencial y el decreto “Anti Lara”

En medio de la creciente presión contra el decreto 5503, el gabinete aprobó un mecanismo para evitar entregarle el poder al vicepresidente Lara en ausencia de Paz, pero hay dudas sobre su constitucionalidad

Nacional
  • Miguel V. de Torres
  • 02/01/2026 00:00
El sistema presidencial y el decreto “Anti Lara”
Paz aspira a neutralizar al Vicepresidente, que se declaró “opositor”

En todos los países presidencialistas se dan tentaciones autoritarias y Bolivia no es la excepción. La Constitución Política del Estado se hizo con ese propósito – recuerdan varios de los protagonistas de la época –y a pesar de que en 2009 el MAS ya había dado muestras de poder sumar grandes mayorías y controlar los dos tercios de la Asamblea Plurinacional, el presidente tiene amplias prerrogativas y ninguna necesidad de acudir a dar explicaciones al legislativo.

El Gobierno de Evo Morales gobernó con puño de hierro, utilizó los decretos con fluidez y abusó de la discrecionalidad: la mayoría de los cargos que requerían ratificación de la Asamblea – como la presidencia de YPFB, etc., - quedaron en el interinato para que nadie se volviera intocable.

El efímero gobierno de Jeanine Áñez, que estaba en minoría en la Asamblea, también abusó del decreto para dar estabilidad y se discutieron algunas reformas de fondo que podían haber sido aprobadas por decreto, pero la eclosión de la pandemia del Covid y la urgencia por reproducirse en el poder” postergó esos planes. Hubo tics autoritarios e incluso amenazas de cerrar la Asamblea… hasta que las elecciones dictaron sentencia no tanto sobre lo sucedido en 2019 sino lo sucedido en el gobierno.

El ganador fue Luis Arce, que ya conocía todos los mecanismos y que aunque no tenía los dos tercios, tenía una muy amplia mayoría absoluta con la que empezó a gobernar. Fue ruidosa la forma en que se cambió el reglamento de las sesiones legislativas precisamente para facilitar el control total sin los dos tercios. La implosión de la bancada dejó a Arce sin esa mayoría y su escasa cintura política hizo que la gestión encallara. Siguió utilizando los decretos – intento hasta convocar un referéndum para eliminar la subvención por decreto – y gozó de la “complicidad” de los magistrados del Tribunal Constitucional, que suspendieron por ejemplo las interpelaciones a ministros. La deriva de la crisis y la inacción general también dictaron sentencia.

El momento de Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz fue la “sorpresa” de la primera vuelta y ganó con solvencia la segunda. El terremoto llegó a la Asamblea: Entre AP y MAS apenas sumaban una decena de curules de los 166. El resto: Libre, Unidad, PDC y Súmate, eran esencialmente corrientes opositoras al MAS (aunque en campaña todo se puso en duda), con programas similares y donde destacaban la necesidad de “recuperar la institucionalidad”. Aparentemente se iba a recuperar la capacidad de hacer política, llegar a acuerdos, etc.

La bancada del PDC también se ha roto entre la gente de Rodrigo Paz y la de Edmand Lara, el vicepresidente electo, con funciones definidas en la Constitución y que se ha declarado opositor. Lara es también el presidente nato de la Asamblea, pero no parece que de momento tenga la habilidad ni la aritmética para poner en dificultades a Paz desde ahí.

El decreto

Si algo no tiene la Constitución es un mecanismo para censurar a autoridades electas y sacarlas del juego, al menos de momento. En los sistemas parlamentarios hay mociones de censura; en Perú los diputados hace tiempo abusan de una interpretación de su Constitución que les permite juzgar la “capacidad” del presidente en ejercicio con cuestión “moral”: Boluarte, Castillo, Kuczynski, Viscarra, etc., han sido liquidados así en los últimos años. En Bolivia el artículo 170 dice que pierden las funciones por muerte, renuncia, sentencia penal ejecutoriada, revocatoria – hasta ahí todo bien – o “ausencia o impedimento definitivo”. Los vecinos del Perú interpretan que la “inmoralidad” es un impedimento definitivo.

De momento Paz Pereira y su equipo, ante la “amenaza” de dejar el poder a un Vicepresidente que se declara opositor, ha juzgado conveniente reinterpretar el artículo 169 de la Constitución y considerar que para viajes cortos se puede seguir gobernando desde el extranjero con los mecanismos tecnológicos disponibles. Además también ha reducido las funciones del Vicepresidente: sólo podrá “gestionar y coadyuvar acciones en el marco de la dirección de la política general del Gobierno”.

Hay un cierto consenso sobre lo obsoleto de la normativa de dejar el poder en manos de otro por cruzar un par de horas a Jujuy, y el viceministro Yamil García ha aportado su propia interpretación de lo que es una ausencia si se puede seguir manteniendo interacción desde donde se esté (lo mismo da Tarija, que Helsinki) pero Paz está enfrentando otra discusión. Su propia versión del “le meto nomás, mis abogados que arreglen” no ha caído bien en círculos académicos ni intelectuales. Parlamentarios de Libre y otros candidatos lo han advertido, también el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Si Lara reacciona, la pelota quedará pronto en el tejado del nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional del que ya han salido los cinco auto prorrogados que dictaban a conveniencia del anterior gobierno – según denuncias claro -, por lo que las miradas se posan en los cuatro electos en diciembre y que han aclamado siempre el retorno a la institucionalidad.

El objetivo inmediato de Paz Pereira es precisamente asistir a la Cumbre de Davos, el epicentro del poder económico mundial que se celebra entre el 19 y el 23 de enero en Suiza y por donde desfilan millonarios y políticos cada año. Como la Constitucionalidad se presume desde la publicación, a poco que el TCP se entretenga es posible que el presidente haya retornado cuando haya resolución.

La creciente presión social

Aunque para algunos el decreto “anti Lara” es también una forma de desviar la atención sobre los conflictos sociales, lo cierto es que el rechazo al DS 5503 sigue aumentando a medida que se conoce.

El decreto 5503, como las leyes Ómnibus de Milei, recoge en el mismo texto medidas muy diversas – congelación salarial, libre exportación, nuevos precios de combustibles, recortes de gasto, concesiones estratégicas exprés, etc., - que tienen reacciones negativas en varios sectores. El día 5 de enero se ha convocado al diálogo con los sectores movilizados que de momento piden la abrogación total. Los estrategas suelen recomendar abrir mesas de diálogo sectoriales paralelas para llegar a acuerdos concretos e ir desinflando sector por sector. Otros creen que es mejor negociarlo completo. Lo cierto es que el momento de la verdad post navideña recién está llegando.

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