Contiocap exige frenar el "fast track" para el extractivismo y seguridad jurídica en defensa de pueblos indígenas

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) emitió un pronunciamiento en el que exige al gobierno del presidente Rodrigo Paz detener el procedimiento “fast track” (tramitación acelerada) destinado a impulsar proyectos extractivos y otros sectores estratégicos. 

¿Qué es el “fast track”?

Se trata de una parte del Decreto Supremo 5503, que establece que las inversiones estratégicas —como minería, hidrocarburos, energía, infraestructura y agroindustria— se tramiten de forma expedita y con plazos perentorios, con “ventanilla única” y aplicación del silencio administrativo positivo. Es decir: si el Estado no responde en el plazo establecido, automáticamente se aprueba.

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Riesgos señalados por la organización:

Despojo territorial: La aceleración de permisos preocupa porque facilitaría la entrada de empresas extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas, poniendo en riesgo bosques, ecosistemas y modos de vida tradicionales.

Medio ambiente y agua: Señalan que el modelo extractivista ya ha generado sequías, inundaciones, falta de agua y pérdida de soberanía alimentaria en comunidades rurales.

Soberanía y vida comunitaria: La organización afirma que sin territorios no existen como pueblos, advirtiendo que el decreto conduce a la pérdida de soberanía territorial y la invasión de áreas preservadas. 

También critican aspectos complementarios del decreto como la eliminación de subsidios a combustibles sin controles efectivos, lo que creen favorece a la minería y actividades ilegales. 

CONTIOCAP pide que organismos como:

La Defensoría del Pueblo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas

Relatores especiales sobre derechos indígenas, medio ambiente y niñez…observen y supervisen las acciones del gobierno frente a estas políticas, que consideran amenazan la existencia física y cultural de los pueblos indígenas. 

Organizaciones indígenas y defensores ambientales suelen advertir que los procesos de extracción sin suficientes controles ambientales, sociales y de consulta libre e informada pueden vulnerar no solo derechos territoriales, sino la salud, el agua y la vida comunitaria de estas poblaciones.