Defensoría exige respeto a derechos humanos en la aplicación de medidas económicas

La Defensoría del Pueblo emitió este jueves un pronunciamiento respecto a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno, que tienen alcance económico, social y administrativo y cuya implementación impactará a distintos sectores de la población.

En el comunicado, la institución recordó que toda política pública debe respetar los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la información pública.

La Defensoría enfatizó la necesidad de que las instancias estatales generen espacios amplios, oportunos y accesibles de información, para explicar de manera clara los alcances, procedimientos y efectos de las medidas, de modo que la población pueda comprender su aplicación y ejercer sus derechos de manera informada.

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Asimismo, instó al Estado a promover mecanismos de coordinación interinstitucional, incluyendo mesas de diálogo y técnicas con la participación de sectores sociales, productivos y otros actores involucrados, con el fin de prevenir escenarios de conflictividad social y garantizar que la aplicación de las medidas respete los derechos humanos.

El pronunciamiento también subraya la importancia de que las autoridades emitan mensajes claros y coherentes para brindar certidumbre a la población, reducir la desinformación y fortalecer la confianza en las instituciones.

En cumplimiento de su mandato constitucional, la Defensoría anunció que realizará seguimiento a la implementación de las medidas, prestando especial atención a sus efectos en poblaciones vulnerables, como adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas originarios campesinos, personas privadas de libertad y otros sectores que requieren protección reforzada de sus derechos.

Finalmente, la institución recordó que mantiene habilitados sus canales de atención a nivel nacional para recibir consultas, denuncias y quejas relacionadas con posibles vulneraciones a derechos humanos, reafirmando su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.