Observa falta de consulta publica
Defensoría pide informe sobre autorización que permite la exploración del Pozo Domo X-3
Según la institución, la autorización fue otorgada sin haberse realizado la Consulta Pública establecida en la normativa nacional, lo que vulneraría el derecho de las comunidades
La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) un informe específico y fundamentado sobre la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) N° 060601/04/DIA/N°2134/2025, emitida el 10 de julio de 2025 por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, que autoriza el Proyecto de Perforación Exploratoria Pozo Domo X-3, correspondiente al Bloque Exploratorio San Telmo Norte en el departamento de Tarija.
Según la institución, la autorización fue otorgada sin haberse realizado la Consulta Pública establecida en la normativa nacional, lo que vulneraría el derecho de las comunidades potencialmente afectadas a participar en las decisiones ambientales. La Defensoría expresó su preocupación por la falta de respuesta oficial del MMAyA a los requerimientos de información remitidos, recordando que los artículos 222 y 223 de la Constitución Política del Estado obligan a las entidades públicas a proporcionar información y facilitar el ejercicio de las competencias defensoriales.
Asimismo, recordó que la Ley N° 1182, que ratifica el Acuerdo de Escazú, establece en su artículo 5 la obligación de las entidades públicas de garantizar el acceso ciudadano a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad. En este marco, la institución reafirmó su compromiso de velar por los derechos de las comunidades de Chiquiacá y de promover la transparencia en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos que puedan generar impactos ambientales.
La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”, reiteró que actúa con independencia y autonomía plena, sin recibir instrucciones de ningún órgano del Estado, y que su labor está orientada a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, reconocidos por la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.
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