Tarija: Prestatarios protestan contra remates acelerados de viviendas, mientras el legislativo avanza con la ley de diferimiento

El sistema financiero nacional ha entrado en el ojo de la tormenta. En Tarija, la Asociación de Prestatarios de Buena Fe salió a las calles para denunciar los abusos de los bancos, que en los últimos meses han acelerado los remates de viviendas hipotecadas, en algunos casos sin notificación previa a los usuarios. Paralelamente, en la Asamblea Legislativa Plurinacional avanza un proyecto de ley que plantea el diferimiento de créditos por seis meses, con el objetivo de suspender temporalmente los embargos y dar un respiro a los deudores.

Las protestas en Tarija

La representante de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe, Natividad Amador, aseguró que la movilización surge como respuesta a los excesos en la ejecución de remates. Explicó que, al entrar en mora, muchos prestatarios han visto cómo sus viviendas eran adjudicadas sin ampliar plazos y, en algunos casos, sin siquiera recibir una notificación.

“Nos hemos enterado de que los bancos están adjudicando inmuebles con terceras personas. Llegan hasta el tercer remate para bajar los precios y quedarse con nuestras viviendas”, denunció.

Amador recordó también un caso reciente que conmocionó a la población, un cliente del Banco Prodem, que alegaba haber sido “estafado”, terminó en terapia intensiva tras sufrir una crisis, situación que incrementó la indignación del sector.

La esperanza en la nueva ley

El sector de los prestatarios deposita sus esperanzas en la pronta aprobación del proyecto de Ley N° 547/2024-2025, que plantea el diferimiento de créditos para vivienda de interés social y para unidades económicas de micro y pequeña escala. Con esta norma, buscan detener los remates que hoy afectan a familias y emprendedores en todo el país.

La norma establece que los embargos quedarán en suspenso por seis meses y que, en ese mismo periodo, se difieren los pagos de capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos. No se trata de una condonación, sino de una reprogramación temporal que permitirá a los deudores reorganizar sus ingresos sin el riesgo inmediato de perder sus viviendas o cerrar sus pequeños negocios.

La aprobación en Diputados

La madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en sus estaciones en grande y en detalle, y lo remitió a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.

“Habiéndose aprobado el proyecto de Ley N° 547/2024-2025 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló el presidente de Diputados, Omar Yujra.

El Gobierno impulsó esta medida como respuesta a la difícil situación que atraviesan pequeños empresarios, microempresarios y familias bolivianas, golpeadas por la crisis económica, fenómenos climáticos adversos y conflictos sociales. El objetivo, sostienen, es brindar un alivio temporal que evite una ola de ejecuciones judiciales con efectos negativos para la economía nacional.

Los alcances de la norma

De acuerdo con el artículo 3, todas las entidades financieras deberán aplicar automáticamente el diferimiento de cuotas en los créditos comprendidos por la ley. Concluido el plazo, los prestatarios deberán retomar sus pagos.

El proyecto fue trabajado en consenso en la Comisión de Planificación de Diputados, aunque desde ya se aclara que no se trata de una medida de condonación. “Las obligaciones no desaparecen, se trasladan de manera accesible para los deudores”, explicó una fuente legislativa.

Expectativa en el Senado

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Nelly Gallo, informó que la norma ya fue recibida en la Cámara Alta, pero aún debe ser analizada y debatida en las comisiones correspondientes.

“No solo se trata de que la norma esté en nuestras manos, hay que debatirla a fondo. El problema es que queda poco más de un mes para concluir nuestra gestión, lo que hace difícil garantizar que el tema sea tratado”, señaló.

Consultada sobre si apoyará la aprobación, evitó dar una respuesta clara: “Sería irresponsable asumir una postura sin conocer con certeza la situación económica del Estado, no solo respecto al circulante en el país, sino también en relación con las reservas del Banco Central de Bolivia”, dijo.

Gallo señaló que han solicitado informes para que se sustente cuánto liquidez se tiene dentro del Estado y no han recibido una respuesta por parte del ejecutivo nacional. Explicó que sin esto, se dificulta realizar un análisis técnico dentro de la cámara alta de senadores, pero que siguen insistiendo en obtener esta información para que llegado el momento definir si aprueban o no este proyecto.

Remates
Mientras los legisladores debaten, en Tarija las protestas continúan y los prestatarios piden frenar los remates de manera urgente

Prestatarios piden respetar la Ley 1294

La representante de la Asociación de Prestatarios de Tarija, Natividad Amador, demandó el cumplimiento de la Ley 1294 promulgada el 1 de abril de 2020, Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos, y fue creada durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, que tenía por objetivo aliviar la carga económica de los ciudadanos estableciendo el diferimiento automático de cuotas de crédito y la reducción del 50% en el pago de servicios básicos (agua, luz, gas) durante la declaratoria de emergencia.

Amador mencionó que las entidades financieras debían diferir automáticamente el pago de capital e intereses de los créditos, así como otros cargos, pero que esta medida no implicaba un aumento de las tasas de interés ni sanciones por mora.