La violencia se dispara en la “guerra” al contrabando

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velázquez, señaló que la destrucción de vehículos incautados por ese ilícito durante operativos fronterizos es una medida en cumplimiento a la Ley 1053 y para proteger a la fuerza del orden ante la creciente violencia por grupos organizados de contrabandistas.

“Tenemos casos en los que los contrabandistas han utilizado explosivos, armamento e incluso miguelitos para emboscar y neutralizar patrullas militares. Algunas comunidades también se han convertido en coadyuvantes del contrabando, generando un entorno hostil para los operativos legales”, explicó la autoridad, en contacto con la red RPOs.

Explicó que el personal militar está facultado legalmente a destruir mercadería de contrabando y medios de transporte retenidos en zonas fronterizas, especialmente cuando existe un “riesgo inminente” de que los infractores recuperen camiones o cargamentos a través de ataques armados o movilización de comunarios afines.

 “No se trata de contrabandistas improvisados; enfrentamos organizaciones delictivas que generan violencia, corrompen y se camuflan” Viceministro Velásquez

Desde la creación del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando en 2018, el Estado registró 18 militares fallecidos, más de 300 heridos y al menos 8 con discapacidades permanentes, producto de enfrentamientos con grupos dedicados a este ilícito.

Velázquez detalló que muchos de los camiones incautados no pueden ser trasladados por estar inutilizados deliberadamente, y su permanencia en zonas de difícil acceso facilita su recuperación violenta.

“En estos casos, la incineración es una medida de prevención para evitar nuevos enfrentamientos y proteger la vida de nuestros efectivos”, explicó.

La autoridad también denunció que el contrabando se sofisticó en los últimos años, operando con logística propia, armamento y redes de protección social que dificultan la interdicción.

“No se trata de contrabandistas improvisados; enfrentamos organizaciones delictivas que generan violencia, corrompen y se camuflan en comunidades alejadas”, añadió.

Velásquez reiteró que las acciones se enmarcan en la legalidad vigente y que el objetivo no es solo la incautación, sino la disuasión de redes criminales que afectan la economía nacional y la seguridad fronteriza.