Gobierno dice que necesita 90 días más de Excepción

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, argumentó la ampliación del Estado de excepción y señaló que el Gobierno requiere ese plazo para organizar medidas económicas que favorezcan al país.

“Ha habido una serie de amenazas, las tenemos identificadas. Por eso necesitamos 90 días más, hasta que podamos concertar económicamente algunas medidas que le harán bien al país y que Bolivia salga adelante”, explicó la autoridad a los medios de comunicación.

Justiniano consideró necesaria la continuidad del Estado de excepción para mantener “la tranquilidad” en el país y evitar nuevas medidas de presión que puedan afectar a la población.

“Sentimos que es necesario para que mantengamos la tranquilidad en el país. No vamos a mentir, la tranquilidad ha mejorado bastante, pero todavía continúan las causas que pueden paralizar las rutas del país”, sostuvo.

Justiniano señaló que se espera que la Asamblea Legislativa apruebe la ampliación. Añadió que serán los ministros de Estado quienes se encargarán de explicar y sustentar la nueva norma ante esa instancia.

Informes

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, explicó que los informes que presenten este miércoles los ministerios de Gobierno y de Defensa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional determinarán si se aprueba o rechaza la solicitud del Ejecutivo de ampliar por hasta 90 días la vigencia del estado de excepción.

“Vamos a escuchar primero los informes de los ministros, pero debemos dejar muy claro que, al momento de establecerse este Estado de excepción, históricamente ha servido para que cada uno de los bolivianos podamos tener regularidad en nuestras vidas”, señaló Castro.

La semana pasada, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado presentó ante la ALP el proyecto de resolución camaral para autorizar previamente, con carácter excepcional y por un plazo de hasta 90 días calendario, la eventual ampliación de la medida.

El estado de excepción fue promulgado y puesto en vigencia el 20 de junio de 2026, debido a un conflicto interno derivado de prolongados bloqueos de carreteras y el consiguiente desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos que afectó al país.

Desde la Cámara de Diputados se informó que, con la ampliación de la medida, el Órgano Ejecutivo busca contener nuevos anuncios de movilizaciones y bloqueos de caminos promovidos por sectores sociales.