Justicia niega acción de libertad solicitada por Luis Fernando Camacho
El abogado de la autoridad cruceña advirtió que se ejerce presión política sobre los administradores de justicia y señaló que la determinación irá al TCP para que sea revisada
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia rechazó este viernes la acción de libertad presentada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien permanece detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro.
Para Martín Camacho, abogado que defiende a la autoridad, la negativa responde a presiones políticas que vulneran la independencia judicial, resaltando que la decisión asumida la tarde de este viernes será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.
“La justicia está totalmente politizada y no nos sorprende”, declaró el abogado defensor tras concluir la audiencia y denunció que durante la sesión se registraron amenazas con proceso penales por parte de representantes del Ministerio de Gobierno y de la parte acusadora, situación que condicionó el fallo.
La defensa había presentado 1.863 pruebas documentales, incluyendo informes médicos actualizados que alertaban sobre el deteriorado estado de salud del gobernador. Según los informes, Camacho no estaría accediendo de manera adecuada a atención médica especializada en el centro penitenciario, y se recordó que estudios clínicos programados en septiembre de 2023 en el hospital El Alto Sur no se concluyeron.
Pese a la resolución adversa, Martín Camacho anunció que continuarán las acciones legales correspondientes, a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional no solamente respecto a los recursos de inconstitucionalidad concretos en cuanto al delito de terrorismo, sino también sobre otras peticiones presentadas por la vía constitucional.
Durante la audiencia, el presidente de la sala constitucional tuvo que responder directamente a las presuntas presiones: “Indicó que ellos no recibían amenazas y que en caso de que quieran iniciar acciones en contra de ellos, tenían la vía expedita”, relató el abogado.
El proceso judicial contra el gobernador cruceño se enmarca en las investigaciones por la crisis política de 2019.
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