Operativos: La ANH rastrea a los acopiadores de carburantes

La crisis de carburantes en Bolivia ha puesto en evidencia un problema estructural que afecta a la distribución de gasolina y diésel, el mercado negro. Ante esta situación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha intensificado los operativos de control para desarticular redes de acopiadores y revendedores, que han aprovechado la escasez para especular con precios que llegan hasta 20 bolivianos el litro, cuando el precio subvencionado es de 3,72 bolivianos para el diésel y 3,74 para la gasolina.

El analista económico y presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, hace énfasis en que la gestión pasada ya se había advertido de este problema, habiendo identificado que el 40% del combustible importado termina en el mercado negro, lo que agrava aún más el desabastecimiento.

La falta de carburantes ha sido una constante en Bolivia durante las últimas semanas, pero en el caso de Tarija, la crisis se agudizó recientemente, provocando largas filas en las estaciones de servicio, especulación y un escenario propicio para los revendedores.

La falta de combustible ha golpeado con fuerza a distintos sectores, especialmente al transporte público, el agro y la industria, que dependen del suministro regular de diésel y gasolina para operar con normalidad.

Mientras el Gobierno asegura que la crisis se debe a problemas de logística y una sobredemanda estacional, distintos analistas han advertido que la causa está en la dependencia a las importaciones, la caída de la producción nacional de hidrocarburos y el desvío del combustible subvencionado hacia mercados ilegales, donde se vende a precios más elevados.

Operativos en marcha

Ante la presión social y las denuncias por la reventa de combustibles, la ANH ha desplegado un plan de control intensivo para identificar a las redes de acopiadores que operan en distintas ciudades del país.

Este lunes, el director regional de la ANH en Tarija, Franz Rodríguez, informó que los operativos han logrado la aprehensión de ocho personas, quienes fueron sorprendidas revendiendo gasolina a través de redes sociales a precios exorbitantes.

Estas personas han sido remitidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y enfrentarán procesos judiciales que pueden derivar en penas de tres a cinco años de cárcel, según lo establece la normativa vigente.

“Estamos tras las pistas de familias enteras que acopian combustible en distintos surtidores y lo revenden de manera ilegal. Durante toda la semana vamos a continuar con estos operativos y habrá resultados”, aseguró.

Además, advirtió que también se está tomando medidas contra personas que hacen filas en las estaciones de servicio solo para vender sus espacios, una práctica que se ha vuelto recurrente en la crisis actual.

Normal abastecimiento

En medio de la incertidumbre, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha asegurado que la situación del abastecimiento de combustibles mejorará en los próximos días, logrando una cobertura del 80%.

Según Rodríguez, recientemente han arribado a Tarija 19 cisternas cargadas con diésel y gasolina, lo que permitirá reforzar el suministro en las estaciones de servicio.

El funcionario detalló que, la semana pasada, se distribuyeron 170.000 litros de carburantes diariamente, pero la sobredemanda y la especulación han generado desabastecimiento en el departamento.

En este sentido, lamentó que la actividad de los revendedores esté afectando directamente a sectores estratégicos, como el agropecuario, que necesita carburantes para la producción agrícola y el funcionamiento de maquinaria en el campo.

Ante la creciente crisis, la ANH ha implementado una serie de restricciones y controles adicionales para evitar el acopio ilegal de combustibles. Por ejemplo, se suspendió la venta de carburantes en bidones, excepto en tres surtidores autorizados, El Portillo, Circunvalación y El Molle, donde solo se permite comprar un máximo de 20 bolivianos en gasolina o diésel.

Enfatizó que los vehículos sin el sticker del B-Sisa no podrán cargar combustible, ya que este sistema permite un mejor control sobre el consumo. Además de realizar operativos permanentes en estaciones de servicio para detectar anomalías y evitar el desvío de combustibles.

No hay escasez de GLP

Si bien en departamentos del eje central del país se han registrado problemas en el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en Tarija la ANH ha descartado que exista escasez.

Rodríguez aseguró que el suministro de GLP está garantizado y que la planta distribuidora está operando con normalidad.

“Nosotros todos los días estamos sacando más de 9.000 garrafas diarias, que es el consumo promedio en Cercado, por lo que no hay razones para alarmar a la población”, afirmó.

Romero: Entre 30 a 40% se va al mercado negro

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, señaló que entre un 30 a 40% de los carburantes importados se destinan al contrabando, uso de autos indocumentados dentro y fuera del país, además de la minería y narcotráfico.

Romero detalló que según datos no oficiales, se estima que la gestión pasada se ha importado alrededor de 2.028 millones de litros de diésel y en gasolina alrededor de 1.400 litros.

“Si eliminas los mercados ilegales de los carburantes, es decir, que no se usen en autos chutos, narcotráfico y se frena el contrabando, la importación reduciría en un 30 a 40%, por lo tanto, se podría mantener la subvención evitando que se haga un mal uso de estos”, expuso.

El analista señaló que para que no sea solamente una medida a medias, es necesario ajustar la política de subvención, ya que mientras sean de libre compra y a un precio subvencionado, siendo el segundo más barato de la región, se convierte en un negocio redondo comprar barato y venderlo caro.

“Ahora con la escasez, hay una sobredemanda, porque no hay una provisión y abastecimiento normal de YPFB, muchas personas optaron por comprar en cantidades para revenderlo, lo que está penado por ley”, indicó.

Romero enfatizó que la normativa es clara al advertir que no se pueden comercializar productos subvencionados, segundo, porque no se puede acopiar ni vender sustancias controladas como la gasolina y diésel.

Advirtió que esta coyuntura es producto de un problema estructural complicado, que necesita voluntad política, ya que el gasto de la subvención de carburantes representa el 13% de Presupuesto General del Estado (PGE), pero mientras exista la subvención, habrá una sobreimportación.