Diputada: YLB oculta contrato con CBC para extraer litio

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, expresó su preocupación por la falta de transparencia en el contrato para la explotación del litio entre la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CBC (CATL, Brump & CMOC) para instalar dos complejos industriales en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro).

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Señaló que una vez firmado el contrato entre ambas empresas, que fue el mes de enero pasado, hay un plazo de 20 días para se publiquen las características del convenio en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), pero según Salazar los datos no son públicos y dijo que esa situación es aparentemente para tapar que familiares del presidente Luis Arce tengan vínculos en los negociados, como denunció en febrero el diputado del ala evista Héctor Arce.

En ese entonces, el diputado Arce acusó a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del jefe de Estado negoció de forma “oscura” con dos empresas la implementación de la extracción directa de litio (EDL) en Bolivia.

“Sospechamos que el Gobierno quiere ocultar este contrato que firmó con la empresa China para ocultar las intenciones que tenga y los alcances de este contrato. Sospechamos que tienen miedo que al publicarse el contrato en el Sicoes, uno pueda hallar más fácil los vínculos que tiene este contrato con los familiares de Luis Arce”, dijo.

Salazar explicó que el manual de operaciones del Sicoes determina 20 días como máximo para registrar los convenios desde la firma.

“Quiero realizar esta denuncia por la falta de transparencia del Estado y de los ministerios de Energías e Hidrocarburos y del mismo Ejecutivo puesto que el 20 de enero de este año se suscribió el contrato para la explotación de litio y ya pasaron más de cuatro meses del contrato con la empresa china y de acuerdo a la normativa el Gobierno tiene veinte días hábiles para publicar este contrato en el Sicoes y no lo hizo”, dijo.

Asimismo, puntualizó que los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, son públicos.

“La Ley dice que es un imperativo para la conducta ética del servidor público que interviene en la contratación de bienes y servicios del Estado aceptar su responsabilidad para que toda información deba ser de conocimiento público y se comunique oportunamente”, expresó.