Gobierno califica de inconstitucional propuestas cívicas sobre justicia y denuncia intentos de acortar mandato de Arce

La propuesta lanzada en el cabildo de Santa Cruz para la elección de autoridades judiciales de ternas aprobadas en la Asamblea Departamentales es “inconstitucional” y su viabilización debe   ser resultado de una Asamblea Constituyente, mientras que en lo político “lo que verdaderamente persiguen” es acortar el mandato del presidente Luis Arce, afirmó el Gobierno.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la aplicación de los resultados del cabildo en Santa Cruz es inconstitucional, porque le pretende asignar a la Asamblea Legislativa Departamental competencias que le corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional en lo relativo a la selección de autoridades judiciales.

Durante el cabildo en Santa Cruz, el cívico Rómulo Calvo hizo aprobar la orden para que la brigada cruceña presente un proyecto de ley destinado a que las Asambleas Legislativas Departamentales elijan ternas de candidatos a las elecciones Judiciales.

También instruyeron adherirse a la campaña de recolección de firmas que busca nombrar a nueve notales para seleccionar ternas de candidatos, para que luego el Legislativo aprueba la lista de los candidatos a las elecciones judiciales.

“Buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos”, explicó Lima en un mensaje en su cuenta en Twitter.

El cabildo cruceño también amenazó con un revocatorio de mandato del presidente Luis Arce de no dar curso a una amnistía para los que consideran presos políticos, como el excívico Luis Fernando Camacho, encarcelado con detención preventiva por el caso Golpe de Estado I.

Para el portavoz presidencial Jorge Richter, “lo que verdaderamente persiguen como acción política, y esto es abreviar el mandato del Presidente Luis Arce para ver si de esa forma encuentran algo que le llaman ‘amnistía’, pero que en realidad es impunidad”.

Desde el Gobierno se descartó dar curso a esta exigencia, porque no sería ir en contra de las víctimas y de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indagó los hechos de violencia y muerte antes, durante y después de la crisis de 2019, donde Camacho fue uno de los principales actores.

“Son profundamente antidemocráticos, no respetan los mandatos populares”, cuestionó Richter y explicó que los argumentos para el revocatorio, que está constitucionalizado, es que se trata de “un régimen dictatorial y antidemocrático” de no aceptar sus exigencia.

También decidieron la creación de una guardia departamental y la designación de su defensor del pueblo. Ambas aspectos no están dentro de sus competencias autonómicas.