De los matices de Calvo a las carreras del Gobierno

Jornada de traducción y prisas tanto en oriente como en occidente después de un cabildo multitudinario que hubo que seguir con multipantalla: de traducción porque a muchos de los asistentes al cabildo no les quedó clara la idea lanzada por el presidente cívico cruceño Rómulo Calvo y que fueron hasta su casa para pedirle concreción sobre el pedido de Censo en 2023. Prisas porque el Gobierno se acabó dando cuenta de que había perdido una vez más la iniciativa y las cartas para negociar y que había complicado solito un asunto técnico que le puede pasar factura en lo económico, que es donde al final todos los gobiernos se la juegan. Por partes.

El hombre del día era Rómulo Calvo, cuya presencia fue demandada en todas las televisiones y radios del país para que tratara de explicar el contenido de las cinco preguntas lanzadas al cabildo y lo que las mismas significaban. No deja de ser curioso que se aprueben unánimemente y luego sean matizadas. Como el propio Calvo se hizo un importante lío para explicar los alcances – despachó sin pena a Unitel en mitad de la entrevista sin aclarar si el paro seguía más allá del miércoles -, el Comité tuvo que hacer un ayuda memoria en Facebook, además de aclarar que el paro indefinido sigue exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023 y que, por lo tanto, no se aceptaba el Decreto del Gobierno que proponía la fecha del 23 de marzo de 2024.

En las precisiones señala que el punto 1 pide una Ley para que los resultados del Censo – nuevo mapa electoral, curules y reparto de recursos - sean definitivos y se apliquen en 2025; el punto 3 pide a los demás departamentos que se movilicen de verdad; el punto 4 dice que les da 72 horas a los demás departamentos porque si no, Santa Cruz definirá por su cuenta -¿a diferencia de ahora? – y el punto 5 dice que “el paro continúa y no se levantará hasta que todos los que fueron metidos preso por esta causa sean liberados y se detenga la persecución judicial”. A tenor de los comentarios, sigue sin quedar claro para qué sirve el plazo de 72 horas si el paro sigue siendo indefinido.

En esa confusión, antes, tomaba sentido el punto 2, que para el caso es el que marca el horizonte para la continuidad del conflicto. Inicialmente decía: ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que, en un marco legal y democrática revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? Y lo cierto es que por sí misma suena a desafío independentista, más cuando en el discurso previo, Calvo habló de las agresiones del Estado, de que no se les reconoce como parte de la bolivianidad y conjugó el ancestral y violento “derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos” que tan mal cae cuando se es el opresor.

La matización lo deja como si se fuera a crear un club de lectura: “Se va a elaborar un nuevo modelo administrativo de autogobierno. Para eso el cabildo autoriza al Comité Pro Santa Cruz que convoque a una comisión que hará ese diseño”, pero lo cierto es que es una declaración que da por agotado el modelo autonómico; por inviable el modelo federal – que Calvo no mencionó el domingo – que Luis Fernando Camacho ha promovido en el pasado sin ningún eco en el país, y que por ende, deja vía libre a imaginar otras formas de encaje del departamento más grande, más rico y más poblado en una Bolivia que apenas le entiende y la infravalora.

Las carreras de La Paz

Desde La Paz llegaron reacciones de todo tipo. Desde los que, hablando desde el prejuicio invitaron a los cruceños (del Comité, se entiende) a abandonar Bolivia en 72 horas por separatistas, hasta los que elaboraron por tercera vez una propuesta de Ley a ver si al fin encaja en lo que piden los cruceños y le permite a Carlos Mesa poner pie en este conflicto.

En cualquier caso, la del Gobierno se viene produciendo desde el mismo domingo, aceptando todas las sugerencias y comprometiéndose a todo respecto a los resultados del Censo y el reparto de sus curules, pero evidentemente, tarde. El presidente de Diputados, Jerges Mercado, llegó hasta los huelguistas de hambre de Comunidad Ciudadana y pareció abierto a convertir en Ley el Decreto, o al menos a discutirlo, aun siendo consciente que con el equilibrio parlamentario actual y la sed de venganza de la bancada “evista” – la mitad del MAS derrotada en Diputados – puede derivar en un sonoro varapalo a Luis Arce, viéndose obligado a aceptar el Censo en 2023 por Ley.

Al Gobierno le preocupa la inestabilidad política no tanto porque haya un riesgo inminente de secesión sino por el impacto que tiene en la economía que las agencias de calificación hagan sus cálculos, aumenten el riesgo país y el interés de los bonos suban dos o tres o cuatro por ciento viendo cómo está el mercado financiero internacional y no se pueda obtener financiación para lo de casa, y es que cualquiera es consciente de lo que pasaría solo con mencionar un “gasolinazo”.

En cualquier caso, paladas de inestabilidad las que cada día hecha el expresidente Evo Morales sobre el Gobierno a través de sus redes. Ayer empezó su tuit con una frase cargada de cizaña: “Saludamos el acuerdo entre el Gobierno nacional y el @ComiteProSC por la fecha del Censo”. Continuó con una amenaza respecto a la posibilidad de escuchar las demandas de las 72 horas: “Esperamos que no se negocie la impunidad a favor de autores intelectuales y grupos de choque que perpetraron atentados criminales contra nuestros hermanos en la Única, Bartolinas y la COD” y acabó con una acusación de incompetencia: “Ojalá los responsables de los cálculos y decisiones políticas para suspender un Censo que ya estaba garantizado y decretado, propongan medidas para la recuperación económica”.

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