Leyes 348 y 1386, el rechazo que llevó al paro indefinido

Bolivia vive nuevamente un nuevo conflicto como los tantos que ya atravesó a lo largo de los años. Esta vez, el descontento de algunos sectores es contra varias normativas que el Gobierno aprobó y pretende aprobar, entre las que destacan dos en particular: la Ley 348 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Ley 348

De acuerdo a la oposición, esta ley vulnera las autonomías departamentales y universitarias.

Esta semana, las bancadas de la alianza Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados estuvieron en contra de esta norma por presumiblemente vulnera en principio el reglamento de debates de esta instancia legislativa, además de considerar atentatorio contra los intereses de diferentes sectores.

Según la denuncia instalada, el documento no fue socializado con los gobiernos locales ni departamentales.

Los legisladores observan que este proyecto establece en su artículo 4 la obligatoriedad de su cumplimiento a los cuatro órganos del Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancias de control y defensa de la sociedad y el Estado, Entidades Territoriales Autónomas y universidades públicas.

Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también exigió anular la Ley 348, ya que considera que “pulveriza” a las autonomías y busca sostener la narrativa de que hubo un “supuesto golpe de Estado”.

El Conade manifestó su apoyo al paro previsto para este lunes e instó a la población a que participe de manera masiva. También solicitó que las familias se aprovisionen de alimentos este fin de semana. Denunció que el MAS aprobó esa ley sin análisis ni socialización.

Ante esta situación, el Movimiento Al Socialismo refirió que este plan de desarrollo va en beneficio de los nueve departamentos del país y que la oposición estaría mintiendo.

“El Plan de Desarrollo Económico y Social establece una inversión de $us 33.197 millones, la más alta en las últimas décadas”, informó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el diputado Omar Yujra.

Explicó que, con esa inversión, en los nueve departamentos del país se harán proyectos que emergen de las cumbres para la “Reconstrucción Económica y Productiva” del Estado Plurinacional, que se llevaron adelante durante los últimos meses.

Ley 1386

Respecto a la otra ley, los gremiales volvieron a ratificar el paro indefinido desde este lunes y descartaron que la medida de presión busque desestabilizar al Gobierno.

Así lo mencionó el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, quien indicó “yo creo que una movilización no va a ir a desestabilizar un Gobierno, no, eso sería insólito. Ellos no tienen por qué sacar una ley contraria al comercio minorista, contraria a otros sectores”, afirmó a los medios.

“Todo está ratificado exigiendo al Gobierno la anulación de la Ley 1386”, confirmó.

No obstante, en el sector gremial existe cierta división sobre si acatar o no el paro, ya que la secretaria general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Mavel Machicado, informó que ese sector rechazaba el paro y, al contrario de Figueroa, exhortó a las otras organizaciones a trabajar.

“Estamos trabajando en una reactivación económica, por eso rechazamos cualquier tipo de convocatoria a paros y, además, las personas que estarían convocando, supuestamente del sector gremial, no son representantes legítimos ni genuinos”, dijo.

El Gobierno viene cerrando filas en su postura de no tocar la norma y, a través de sus ministerios y aliados de movimientos sociales, descalifica la medida con amenazas de sanciones a los que no acudan a sus fuentes laborales, de intervenciones violentas en caso de bloqueo de carreteras e incluso de amedrentamiento e intimidación hacia la población con un inusitado despliegue de vehículos y personal militar a varias regiones del país, según denuncian analistas y opositores.

Consenso

Varios analistas a nivel nacional llamaron tanto a los promotores del paro como al Gobierno nacional a evitar cualquier tipo de confrontación, más al contrario, llaman a la concertación para que el diálogo prime en lugar del enfrentamiento entre bolivianos.

Aunque reconocen que consensuar todas las leyes es una tarea que daría lugar a una innecesaria burocracia, también instan a crear escenarios de participación para justamente tener canales de acercamiento cuando se pretenda aprobar una determinada ley.