Gobierno dice que el “clan” Áñez, Murillo y López desfalcó al Estado $us 2.3 MM en compra de gases

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, acusó este miércoles a la expresidenta Jeanine Áñez y a los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, de ser las cabecillas de un “clan mafioso” por la compra de gases lacrimógenos en el 2019 con un sobreprecio de $us 2.3 millones. En cordinación con el ex jefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez, detenido en Naple EEUU.

La autoridad en su intervención subrayó un informe emitido hace poco por el FBI de los EEUU, donde especifica la actuación del señor Méndez Mendizabal, acusado de delitos de soborno, lavado de dinero y quien se encuentra actualmente aprehendido en el país del norte. Mediante una exposición fotográfica expuso presuntos vínculos entre Méndez y el gobierno de Jeanine Añez.

Del Castillo indicó que la razón por la que el gobierno norteamericano precedió con la detención de Mendez fue “por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras, (…) esta ley dice que es ilegal actuar de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor directa o indirectamente a un oficial extranjero”, estableció.

Acorde a un informe realizado por un agente federal de los EEUU, Méndez se habría beneficiado con un soborno de 582 mil dólares por viabilizar la compra de gases lacrimógenos entre el gobierno boliviano de aquel entonces y una empresa intermediaria. Asimismo, señaló a Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld como participes del acto de corrupción por ser quienes ejecutaron la presunta transacción irregular.

Del Castillo afirmó que parte de esa estructura mafiosa estaba compuesta por autoridades de Estado: “de acuerdo a la investigación vemos que el señor Arturo Murillo sería el co-conspirador número uno y el co-conspirador número dos sería el señor Luis Fernando López, ambas autoridades puestas como personas de confianza de la señora Jeanine Añez", dijo. 

El ministro recordó que el gobierno de Áñez aprobó el Decreto Supremo 4090 que permitía de forma excepcional la compra de gases antidisturbios y antimotines. Poco tiempo después se realizó una orden de compra de la empresa Bravo Tactical Solutions, de propiedad de Berkman, a la empresa Cóndor del Brasil, generando un daño económico de 2,3 millones de dólares.     

Del Castillo denunció que la empresa Bravo Tactical Solutions firmó un contrato con el Ministerio de Defensa por la suma de 5.6 millones de bolivianos, de quién había solicitado la orden de compra dos días antes.

“Que quiere decir esto, Bravo Tactical Solutions no tenía gases lacrimógenos hace 3 días, recién lo había adquirido a la empresa Cóndor, por cuánto fue suscrito este contrato por 39 millones de bolivianos, estamos hablando de los 5.6 millones de dólares que generarían en total la diferencia un daño económico al Estado de 2.3 millones de dólares”, aseveró.

Finalmente, la autoridad especificó la forma en la que se habría dividido el dinero malversado entre los componentes de a quienes denominó "clan mafioso", la empresa Bravo Tactical Solutions hizo un reparto de miles de dólares entre Rodrigo Méndez, Philip Lichtenfeld, Arturo Murillo y un familiar de Fernando López. 

“Estamos hablando que el núcleo principal (del clan) sería Añez, el señor Arturo Murillo y el señor López Julio quienes habrían desfalcado al gobierno boliviano. Está no es una investigación completamente nacional, esta investigación no es persecución política, esta investigación viene desde el gobierno de los Estados Unidos y está buscando de alguna manera frenar la corrupción transnacional que se ha sentado aquí durante la gestión de la señora Añez”, concluyó.