Justicia determina ampliar de cuatro a seis meses detención preventiva de Áñez

La audiencia de apelación de la ex presidenta, Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, Álvaro Coimbra y Álvaro Guzmán concluyó en el rechazo al pedido de someterse al proceso en libertad, pero además el Tribunal Décimo de Sentencia, amplió la detención preventiva de cuatro a seis meses.

El recurso de apelación fue sorteado a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde el vocal Willy Arias, determinó la tarde-noche de este sábado, subir el tiempo de detención por los riesgos procesales que, según los fundamentos del juez, no fueron desvirtuados por las exautoridades imputadas.

El exministro de Justicia Álvaro Coímbra, indicó a través de su cuenta de twitter que la ampliación alcanza a él y al exministro de Energía Rodrigo Guzmán, quienes están detenidos en la cárcel de San Pedro de La Paz, mientras la exmandataria cumple la medida cautelar desde la madrugada de este sábado en la cárcel de Miraflores.

Coímbra indicó que el vocal aumentó los riesgos procesales de Jeanine Añez, lo cual considera una “ilegalidad y abuso” y reitera que se considera un perseguido político.

Luego de la audiencia de apelación, el abogado defensor de Añez y los dos exministros, Luis Guillén, dijo no le sorprende de “ninguna manera” la situación que podía haber ocurrido tomando en cuenta que los procesos tienen larga duración y llegan a ser tortuosos por los mecanismos propios de la investigación judicial.

Dijo que como defensa interpuso sus argumentos, pero también el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno expusieron sus criterios y el vocal hizo una valoración y dispuso la ampliación del tiempo de la detención preventiva a seis meses.

“Lo que sí nos sorprende es que los resultados de acción de libertad por la que debía ser trasladada a la Clínica del Sur no hayan sido cumplidos, porque a estas horas tenemos que la exmandataria se encuentra en un centro penitenciario de Miraflores, que se encuentra 500 metros más arriba que la cárcel de Obrajes, lo que afecta al estado de salud consecuencia de una enfermedad de hipertensión”, declaró en conferencia de prensa.

Considera que un juez de garantías tiene mayor jerarquía respecto al juez instructor porque administra justicia constitucional velando derechos y garantías de las partes. La defensa anunció que interpondrá un recurso de queja para que sea el juez de garantías el que haga cumplir su sentencia respecto a la acción de libertad concedida.

Manifestó que no se está pidiendo un trato preferencial por tratarse de una exmandataria, sino que se respeten y se cumplan los derechos fijados en la Ley a efectos de que Régimen Penitenciario pueda informar a los familiares sobre el estado de salud, pero eso hasta ahora no ha sucedido, puntualizó.