Identifican a 4 regimientos que operaron en Senkata, tres muertos fueron por proyectil militar
Según la Fiscalía, hubo un operativo conjunto de la Policía y de las FFAA para sacar combustible y gas a otras instalaciones militares. Hoy habrá audiencia cautelar de un jefe militar



Cuatro fueron los cuerpos militares que actuaron en las acciones de la planta de Senkata el 19 de noviembre de 2019; Bilbao Rioja, Max Toledo, Ayacucho y Teniente General Germán Busch. Según la imputación formal de la Fiscalía en contra del general Franko Suárez Gonzales, tres de los 10 fallecidos de aquella jornada fueron muertos por proyectiles que coinciden con el armamento militar.
La audiencia cautelar contra Suárez se realizará hoy a las 09:00 en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, de la ciudad de El Alto. La Fiscalía solicitó la detención preventiva en el penal de San Pedro por el periodo de seis meses. Se trata del primer militar llevado a los estrados judiciales por el caso Senkata, hasta el momento solo se tenía la imputación del principal acusado, el general Luis Valverde Ferrufino.
El informe indicó que los dos acusados, Valverde y Suárez, habían asumido la responsabilidad de recuperar el control de la planta de Senkata. “Se registraron provocaciones por parte de la población civil, empero los efectivos militares arremetieron contra estos teniendo como saldo múltiples heridos”, reza el documento.
Según el documento oficial, hubo 10 fallecidos; dos muertos por calibre 9 mm, un fallecido por calibre 5.56, 4 fallecidos por calibre 22, los demás cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida, al menos en tres cuerpos coincide el calibre de los que portaban los militares.
El 19 de noviembre, el entonces ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que las FFAA destinadas en la planta de Senkata no realizaron ni un disparo y sugirió que los muertos se produjeron porque dispararon desde la misma muchedumbre.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Bolivia a instaurar justicia, debido proceso y reparación integral a víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la crisis poselectoral de 2019, y llamó a instaurar un «proceso nacional de diálogo y reconciliación».
En la introducción de su texto, la CIDH hace mención a la crisis política de 2019 y recuerda que “ha sido enfática en su llamado al Estado a investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante los sucesos en el marco de la crisis, así como a garantizar la reparación de las víctimas”.