Demanda de la expresidenta Áñez contra el Estado boliviano avanza en la CIDH

El proceso interpuesto por la expresidenta Jeanine Áñez contra el Estado boliviano avanza en la etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basado en la última condena que recibió la exmandataria, quien gobernó el país entre el 12 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020. La defensa legal no descarta utilizar mecanismos diplomáticos para lograr la libertad de la expresidenta, una vez sea admitida la demanda.

• LEA TAMBIÉN: Condenan a tres exministros de Jeanine Áñez

En contacto con Erbol, su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo con sede en Madrid, afirmó que durante el procedimiento en la CIDH se han verificado múltiples violaciones a los derechos fundamentales de Áñez, denunciadas en su demanda.

El 15 de julio de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la expresidenta contra el Auto de Vista de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de La Paz, que había ratificado la sentencia de 10 años de prisión impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Con ese recurso, se habría agotado la instancia interna en el país.

Gutiérrez explicó que, una vez admitida la demanda, la Comisión notificará al Estado y, de acuerdo con el procedimiento, éste tendrá derecho a defenderse, mientras que la parte demandante podrá ejercer su derecho a réplica. Sin embargo, señaló que también existe la posibilidad de que el Estado opte por un allanamiento, lo que permitiría un mecanismo de conciliación entre las partes.

“Esperaríamos que la Comisión convoque a una reunión con los representantes del Estado de Bolivia, y estaríamos presentes para ese acercamiento”, sostuvo Gutiérrez, destacando el trabajo de los abogados de Áñez en la defensa de sus derechos.

El jurista advirtió que las violaciones a los derechos fundamentales de la expresidenta han sido evidentes y que ningún juez boliviano asumió el deber de restablecer su situación jurídica, lo que podría derivar en que el Estado boliviano sea declarado responsable por vulneraciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este contexto, Gutiérrez precisó que ahora están a la espera del análisis de la Comisión y que, dependiendo de la voluntad de ambas partes, podría haber un acercamiento. De no ser así, el caso seguirá su curso hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Los abogados de Áñez argumentaron ante la CIDH que el tribunal que la juzgó era incompetente, ya que no tomó en cuenta que ella asumió funciones ejecutivas, firmó leyes y ejerció la presidencia. Según su defensa, al ser alta funcionaria del Estado, debía haber sido sometida a un procedimiento especial.

“Eso no ocurrió. Se desconoció su carácter de presidenta y, como consecuencia, se violaron indiscutiblemente sus derechos fundamentales. Tengo la convicción de que la Comisión avanzará en este proceso. No descartamos buscar mecanismos diplomáticos que permitan su libertad y, en caso contrario, el Estado boliviano deberá enfrentar un juicio ante la Corte-IDH”, concluyó Gutiérrez, también presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas y profesor de Derecho Internacional en España.