OEA señala que la justicia boliviana no garantiza juicio justo y recomienda liberar a los detenidos

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifestó su preocupación por la situación que atraviesa Bolivia. En un comunicado de prensa compartido en sus diversas plataformas, consideró que no existen las garantías de juicio “justo, de imparcialidad y de debido proceso” contra exautoridades de Bolivia.

Asimismo, calificó como abusivos los "mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno", respecto a la situación que atraviesan la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros de Estado implicados en los delitos de terrorismo, conspiración y sedición.

“El sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración”, se lee en parte del comunicado.

En criterio de la OEA, “la impunidad nunca es una opción ni para crímenes de lesa humanidad ni para la corrupción. Los conceptos de justicia, memoria, verdad y no repetición son fundamentales a la hora de cohesionar una mejor sociedad”.

Por ello, planteó la “liberación de todos los detenidos” hasta que se pueda contar con “procesos y mecanismos imparciales” para determinar responsabilidades y especialmente, teniendo en cuenta “la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA”.

El organismo recordó que en su momento, la Secretaría General, debió realizar gestiones respecto a procesos que enfrentaron en su momento los líderes de oposición como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

La OEA plantea conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para investigación casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo el período del gobierno de transición de Añez.

Además propuso remitir las denuncias sobre “eventuales crímenes de lesa humanidad” a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento “sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad”.