Decreto autoriza a la PGE la contratación directa de servicios especializados para la defensa legal del Estado

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 4447 que autoriza a la Procuraduría General del Estado (PGE), la contratación directa de servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados, y otros, sean nacionales o extranjeros, para la defensa legal del Estado y derogó la norma del régimen de Jeanine Áñez que establecía la “contratación por comparación de ofertas” que develaba antecedentes e información confidencial, indicó la Agencia Boliviana de Información (ABI)

De acuerdo con el Artículo 5 de la norma aprobada por el gabinete del presidente Luis Arce “se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”.

Una vez realizadas las contrataciones directas, la Procuraduría General del Estado deberá remitir los contratos firmados a la Contraloría General del Estado; registrar las contrataciones directas en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, una vez finalizado el periodo de confidencialidad establecido en el contrato.

Los procesos de contratación se regirán bajo los principios de transparencia y legalidad.

El Decreto Supremo N° 4156, del 13 de febrero de 2020, aprobado por el gobierno de Jeanine Áñez autorizaba a la PGE la “contratación por comparación de ofertas, en territorio nacional o extranjero, de servicios especializados para la defensa legal del Estado, provistos por nacionales o extranjeros, ya sea de consorcios jurídicos, abogados y otros”.

Esa norma dejó en desventaja la defensa legal del Estado Plurinacional y los intereses de su población, toda vez que este procedimiento obliga a la PGE a develar los antecedentes e información confidencial, permitiendo a actores externos al proceso obtener información del caso y utilizarla indebidamente.

“La dinámica de los procedimientos arbitrales en relación a sus plazos y fases incidentales y el actual proceso de contratación por comparación no es expedito, sobre todo por los tiempos que se requieren para recabar las propuestas, situación que pone en desventaja al Estado para efectivizar de manera inmediata y oportuna su defensa legal”, justifica el decreto aprobado por el Gobierno de Arce.

Los contratos suscritos por la Procuraduría General del Estado, en el marco del Decreto Supremo N° 4156 y que a la fecha se encuentran en ejecución, deberán regirse en el decreto aprobado recientemente y su reglamento, hasta su finalización