Empresarios de Tarija preocupados por instructivo sobre el pago del aguinaldo

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Marcelo Romero, manifestó la preocupación que tiene el sector empresarial ante el instructivo del Ministerio de Trabajo que ordena que el pago del aguinaldo a los trabajadores públicos y privados debe realizarse hasta el 21 de diciembre, bajo sanción de pago doble en caso de incumplimiento.

De acuerdo a Romero, el Gobierno se cerró a la decisión pese a la crisis que reportan varios sectores a raíz de la pandemia del coronavirus y advirtió que la obligatoriedad del pago "conlleva a que el sector privado esté al borde del colapso".

"No es forma de cerrarse entre cuatro paredes y decir pagan porque pagan y ya está, no se dan cuenta que el desempleo que Tarija ostenta es uno de los más altos a nivel nacional, casi superando el 13%", dijo en PlusTLT.

El Presidente de los empresarios aclaró que el sector no está negándose a pagar el aguinaldo, sino que piden flexibilidad, a través del acceso a créditos blandos, pago en plazos o destinar parte de los recursos a la compra de productos locales, nacionales, o la posibilidad de usar la billetera móvil.

Por su parte, el Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery mencionó que "el Ministerio de Trabajo impone una decisión drástica, sin escuchar siquiera al sector privado y sin considerar que esta medida radical e irreflexiva va a aportar al cierre o la quiebra de empresas que estaban empezando a recuperarse”.

Barbery informó que las empresas privadas en Bolivia contratan a más de 800.000 trabajadores que representan un pago de 446 millones de dólares en aguinaldo, y que en muchos casos, el cumplimiento de este beneficio es previsionado por las empresas en montos mensuales durante el año según los ingresos.

“¿Cómo se podía ahorrar en un año en que la economía se paralizó por más de seis meses?” se preguntó el empresario, a tiempo de recordar que el aguinaldo es una obligación solo para el sector privado formal porque, según dijo, para el 80% de trabajadores informales e incluso para muchos consultores que contrata el gobierno, no hay Estado ni Ministerio de Trabajo ni COB que vigile u obligue a los empleadores a respetar ese derecho.

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