Amnistía Internacional denuncia impunidad en violaciones de derechos humanos cometidas en noviembre del 2019

Amnistía Internacional convocó a investigar los hechos de violencia suscitados en noviembre del año pasado en Bolivia, que dejó un saldo de por lo menos 35 muertos, 833 heridos y múltiples violaciones a los derechos humanos, desatando una crisis política, social y económica que se agravó con la pandemia de coronavirus en el país.

En un informe el organismo documentó violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral en Bolivia, entre ellas la represión de manifestaciones y uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El escrito también contiene recomendaciones a las personas candidatas en las próximas elecciones presidenciales, anunciadas para el 18 de octubre.

'Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia', es el título del documento realizado por el organismo, donde también evidencian los cambios de fecha en los comicios electorales y consideran que Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada.

“Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada. La única opción viable para salir de esta crisis es poner los derechos humanos de todas las personas en el centro de las respuestas. De lo contrario, se condena a la población, sobre todo a los grupos históricamente marginalizados, a una espiral de violencia y de continuas violaciones a sus derechos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe también pide a los candidatos presidenciales asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral que comenzó en octubre del 2019 serán investigadas, así como garantizar los derechos de las víctimas y prevenir nuevas agresiones.

Para la elaboración del escrito, Amnistía Internacional entrevistó a más de 60 personas, entre ellas familiares de las víctimas de violaciones de derecho humanos cometidas en el contexto de las protestas de Sacaba y el bloqueo de YPBF Senkata, personas que presenciaron los hechos – quienes en su mayoría solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias – y periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Sacaba y Senkata

Según afirma el informe, "los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, donde al menos 18 personas murieron por disparos de arma de fuego, son emblemáticos de la crisis. Los testimonios y la evidencia recabados arrojan fuertes indicios del uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero las autoridades competentes no han esclarecido los hechos. La organización urge a las personas candidatas presidenciales a adoptar medidas para asegurar investigaciones independientes, imparciales y urgentes para evitar que permanezcan en la impunidad".

El informe también da cuenta de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos, como el caso de Waldo Albarracín, quien fue blanco de un ataque contra su integridad física y cuya casa fue incendiada por una turba el día de la renuncia del expresidente Evo Morales. "Las investigaciones penales por tales hechos no han avanzado y el Estado no ha brindado la protección adecuada para que las personas defensoras puedan realizar su legítima labor". 

Retórica contra los derechos humanos

Amnistía Internacional señala que es preocupante la retórica contra los derechos humanos en Bolivia. "En diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban. Por su parte, el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de desinformar y contra periodistas acusados de sedición. Además, se han hecho acusaciones a personas por participar en movimientos de desestabilización y de desinformación”y de hacer guerra virtual contra el gobierno".

El organismo dice que "este hostigamiento" limita la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de salud. 

"Esto puede ser también percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenazan o censuran opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad", advirtió.

El informe llamó a los candidatos a comprometerse a garantizar la pronta instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia), bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar y esclarecer los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.