Semilla transgénica, Áñez sigue el ‘legado de Morales’
La intención de autorizar el cultivo de semilla transgénica en Santa Cruz, reactivó las observaciones de sectores ambientalistas que lamentaron que la presidente de transición Jeanine Áñez “pretenda continuar con el legado de Evo Morales” de violar la Constitución Política del Estado...



La intención de autorizar el cultivo de semilla transgénica en Santa Cruz, reactivó las observaciones de sectores ambientalistas que lamentaron que la presidente de transición Jeanine Áñez “pretenda continuar con el legado de Evo Morales” de violar la Constitución Política del Estado solo por contentar a cuantas empresas que mueven el agronegocio de semillas.
Miguel Crespo, director de Proyectos de la Unidad de Biodiversidad de Probioma advirtió que la incorporación de la soya HB4 significará “el mayor desastre ambiental productivo que puede tener nuestro país”, por el impacto en la contaminación del suelo y del agua.
Recordó que hace 16 años se siembra en el país soya transgénica y su cultivo soporta entre 3.5 a 4 litros por hectárea de herbicida, mientras que el nuevo evento de la soya demandará hasta ocho litros de herbicida por hectárea.
El pasado viernes el ministro de Gobierno Arturo Murillo, tras una reunión en Santa Cruz con los productores de soja, maíz, trigo y algodón, se comprometió a que la presidenta Áñez evaluaría nuevos eventos biotecnológicos.
Hasta antes de la pandemia del coronavirus, el Comité Nacional de Bioseguridad - por en cargo de los ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Tierras – realizaba un estudio bajo “procedimiento abreviado”. Sin embargo ese trabajo se quedó a medias por la paralización de actividades.
El investigador en Seguridad Alimentaria, Manuel Morales, afirmó que desde el año 2005 ya no se autorizaron nuevos eventos en Bolivia porque la Constitución Política del Estado restringe de semillas transgénicas.
Aclaró además que dicho Comité creado por Evo Morales mediante el DS 3874, es totalmente ilegal porque su trabajo se contrapone a la Constitución, a la Ley de la Revolución Productiva, la Ley de la Madre Tierra, la Ley de Fomento a la Producción Ecológica y el Protocolo de Cartagena suscrito por el Estado boliviano en el año 2000.
Dijo que todas esas leyes ponen una barrera de bioseguridad porque la tecnología no se produce en Bolivia sino en el extranjero, en consecuencia, “no es cierto lo que dice el ministro Murillo que con una simple declaración y en consejo de ministros se va a poder evaluar y aprobar ese tipo de soya”.
Morales indicó que la soya HB4 es apta para el bosque seco chiquitano que fue víctima del ecocidio y en caso de ejecutarse, significaría que estos señores de “Anapo habrían sido los autores de la quema para cultivar esta soya”.
Dijo que hay empresarios soyeros de la Anapo que argumentan cuestiones económicas para presionar por la soya transgénica, pero no consideran que China, que es la que iba a comprar la soya HB4 ha suspendido las importaciones por el tema de la gripe porcina.
Por otro lado – manifestó - todos los organismos internacionales como la CEPAL, BID y otros, están señalando que habrá una depresión del comercio mundial, por tanto, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que son los principales productores de soya, ya están cosechando y almacenando a sabiendas que el precio cayó de 360 a 316 la tonelada y tiende a la baja.
Miguel Crespo, director de Proyectos de la Unidad de Biodiversidad de Probioma advirtió que la incorporación de la soya HB4 significará “el mayor desastre ambiental productivo que puede tener nuestro país”, por el impacto en la contaminación del suelo y del agua.
Recordó que hace 16 años se siembra en el país soya transgénica y su cultivo soporta entre 3.5 a 4 litros por hectárea de herbicida, mientras que el nuevo evento de la soya demandará hasta ocho litros de herbicida por hectárea.
El pasado viernes el ministro de Gobierno Arturo Murillo, tras una reunión en Santa Cruz con los productores de soja, maíz, trigo y algodón, se comprometió a que la presidenta Áñez evaluaría nuevos eventos biotecnológicos.
Hasta antes de la pandemia del coronavirus, el Comité Nacional de Bioseguridad - por en cargo de los ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Tierras – realizaba un estudio bajo “procedimiento abreviado”. Sin embargo ese trabajo se quedó a medias por la paralización de actividades.
El investigador en Seguridad Alimentaria, Manuel Morales, afirmó que desde el año 2005 ya no se autorizaron nuevos eventos en Bolivia porque la Constitución Política del Estado restringe de semillas transgénicas.
Aclaró además que dicho Comité creado por Evo Morales mediante el DS 3874, es totalmente ilegal porque su trabajo se contrapone a la Constitución, a la Ley de la Revolución Productiva, la Ley de la Madre Tierra, la Ley de Fomento a la Producción Ecológica y el Protocolo de Cartagena suscrito por el Estado boliviano en el año 2000.
Dijo que todas esas leyes ponen una barrera de bioseguridad porque la tecnología no se produce en Bolivia sino en el extranjero, en consecuencia, “no es cierto lo que dice el ministro Murillo que con una simple declaración y en consejo de ministros se va a poder evaluar y aprobar ese tipo de soya”.
Morales indicó que la soya HB4 es apta para el bosque seco chiquitano que fue víctima del ecocidio y en caso de ejecutarse, significaría que estos señores de “Anapo habrían sido los autores de la quema para cultivar esta soya”.
Dijo que hay empresarios soyeros de la Anapo que argumentan cuestiones económicas para presionar por la soya transgénica, pero no consideran que China, que es la que iba a comprar la soya HB4 ha suspendido las importaciones por el tema de la gripe porcina.
Por otro lado – manifestó - todos los organismos internacionales como la CEPAL, BID y otros, están señalando que habrá una depresión del comercio mundial, por tanto, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que son los principales productores de soya, ya están cosechando y almacenando a sabiendas que el precio cayó de 360 a 316 la tonelada y tiende a la baja.