Desde el ejecutivo plantean consolidar el Pacto Fiscal

La falta de consensos y la politización dilataron estos últimos cinco años un puntal central en la economía y la financiación para las Autonomías,  el denominado Pacto Fiscal. Hoy nuevamente esta  propuesta surge desde el Ejecutivo y las organizaciones civiles, con la base de un gran acuerdo con bases éticas y la potencialidad de cada región.

“Lo que se requiere aquí es un pacto fiscal, saber con qué se cuenta, cuáles son las competencias que se deben asumir, comenzar a ver nuevas fuentes de ingreso y la flexibilización para que los gobiernos subnacionales y municipios puedan tomar también algunas medidas de políticas tributarias. Dependiendo del potencial productivo de cada departamento o municipio es donde se debe trabajar, dentro de lo que se había visto de este pacto fiscal”, explicó el ministro de Economía, José Luis Parada.

Fallido y desalentador, fue para muchos el intento que en el pasado gobierno de Evo Morales se llevó adelante tras la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), el 7 de  julio de 2010, que establece la realización de un Pacto Fiscal. Muchos aseguran que este fracaso se dio por motivos políticos y los intereses del pasado gobierno del MAS.

Es así que ya para el 2017, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, le manifestó al expresidente Evo Morales su molestia por el avance casi nulo en el Pacto Fiscal, calificándolo como una "burla grotesca a los bolivianos".

Félix Patzi, gobernador de La Paz, también fue en esa línea y aseguró que el desarrollo del departamento se vio truncado por la gestión y lineamientos meramente políticos del pasado gobierno del MAS con su intento inconcluso de este pacto fiscal.

Con autoridades afines a su gobierno, Morales llevó adelante diferentes reuniones para debatir este pacto. Muchos que no seguían su línea política no asistían a estas convocatorias.

Las ex autoridades incluso hablaron de plazos y establecieron que debería concretarse en un plazo no mayor de seis meses  tras los resultados  oficiales  del  Censo  Nacional  de  Población  y Vivienda de 2012, pero esto no se dio  y los retrasos continuaron con denuncias de claras intenciones políticas en el manejo del debate de este pacto.

La ley de Autonomías establece que el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con  el  Ministerio  de  Autonomías y el  Ministerio  de  Economía  elabore una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal.

Para el analista económico Gonzalo Chávez también se hace necesario reconstruir este pacto fiscal, pero “a través de un pacto ético. Tenemos que volver a colocar en la economía y en la política el tema ético, porque sin ética no hay la construcción de la base social. Un pacto ético es esencial, sobre todo para reconstruir el concepto de ‘nosotros’”.

Ante este escenario es que nuevamente se pone en la mesa de debate el tema, y autoridades y expertos plantean su reconstrucción consolidando un pleno acuerdo entre los actores centrales que definan las fuentes de financiamiento con las que se cuenta, y cómo se distribuyen  en el marco de sus competencias públicas, establecidas por ley.

“Este pacto fiscal debe ir en análisis desde la preocupación de la generación de ingresos, de la visión de desarrollo de país, desde cómo se definen las prioridades para establecer la inversión más importante, desde los sectores estratégicos que necesita el país, desde la forma en que se redistribuyan los recursos y quién será el mejor operador de esa política sea nacional, departamental o municipal”, explicó a ANF  el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez.

El experto recalca que este pacto fiscal debe estar sujeto a un pacto social y “se debe pensar en el desarrollo humano integral y tendrá entonces que considerar también procesos de pacificación, de diálogo y de reconciliación”.