Gobierno propone decreto para garantizar libertad de expresión

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en consenso con organizaciones de la prensa de Bolivia presentó el martes por la tarde un proyecto de decreto supremo orientado a garantizar la libertad de expresión y garantizar los derechos de los trabajadores de ese gremio.

La Ministra expresó su confianza en que ese proyecto de decreto sea analizado por el gabinete ministerial lo más antes posible.

El proyecto de decreto supremo tiene por objeto garantizar el trabajo periodístico a través del acceso a la información pública y al renacimiento a sus derechos laborales con el respeto a la libertad de opinión, expresión y de prensa en el marco de la pluralidad democrática que consolida la información como un derecho humano.

Establece también que las máximas autoridades ejecutivas de todas las entidades e instituciones públicas del Órgano Ejecutivo garantizarán el acceso a la información pública a las personas sin distinción de ninguna naturaleza, debiendo establecer en cada entidad e institución los mecanismos adecuados que permitan la obtención rápida y oportuna de la misma.

En cuanto a los derechos laborales, ese proyecto instituye que los periodistas de medios de comunicación privados, en cuya relación laboral concurran las características esenciales de la relación laboral señaladas por ley, gozarán de todos los derechos y beneficios reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes que les sean aplicadas.

Además, instruye al Ministerio de Comunicación atender las medidas necesarias para asignar o reasignar las radios de los pueblos originarios en el marco de la inclusión social para ampliar el derecho de acceso a la información.

Asimismo, establece que esa cartera de Estado, en el marco de la coordinación interinstitucional, realizará las gestiones necesarias ante los gobiernos autónomos municipales para la conformación de los tribunales de imprenta, previstos en la Ley de Imprenta y aclara que los servidores públicos que atenten contra la libertad de trabajo y de prensa serán sometidos a la jurisdicción ordinaria.

Por último, en referencia a la publicidad estatal, permite al Gobierno nacional asignarla considerando la trayectoria, profesionalismo, ética, compromiso social a fin de promover una información veraz, oportuna, transparente e imparcial.

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Tomado de ABI