CIDH, Grabois y la renuncia de Camacho marcaron la jornada
Este viernes venía siendo el más tranquilo del año, aun con las declaraciones contundentes del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la suerte de psicosis fuera de lugar ante la llegada de una delegación argentina con Juan Grabois a la cabeza, hasta que saltó la...



La CIDH
El Gobierno de Jeanine Áñez abrogó el decreto 4078 el pasado jueves como parte de los compromisos adquiridos para la pacificación del país. El decreto eximía de responsabilidad penal a los militares en los enfrentamientos que requirieran una intervención violenta, pero eso no quiere decir que las muertes no tengan responsables.
Francisco Eguiguren, relator de la @CIDH para #Bolívia, propone la creación de un GIEI ante las dudas e informaciones cruzadas sobre las circunstancias de las masacres de #Senkata y #Sacaba que ya alcanzan la cifra de 21 muertos y centenares de heridos. https://t.co/tFPtgbj4id
— CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 29, 2019
En ese contexto, el relator de la CIDH, Francisco José Eguiguren, exministro de Ollanta Humala en Perú, recomendó formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos para investigar los hechos de violencia ocurridos en Bolivia al considerar que no hay garantías para una investigación interna imparcial. Una situación que es recurrente en este tipo de misiones.
Eguiguren cuantificó en 8 los muertos a bala en los hechos de Sacaba, Cochabamba, el viernes 15 de noviembre y en 10 los fallecidos en Senkata tras el desbloqueo de la planta de combustible. El Gobierno negó en el caso de Senkata el uso de proyectiles y también en Sacaba se ensayaron argumentos que incluían el factor conspiracional de los autodisparos.
“A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme. Es muy alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable” indicó.
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, citado en La Razón, indicó que “lo que cuestiono es que me parece raro que en los últimos 14 años la CIDH no haya venido al país cuando le pedimos que lo haga".
Derechos y amenazas
Sobre la otra delegación en cuestión, la de Juan Grabois, reconocido militante argentino y amigo del Papa que ha puesto en valor la doctrina social de la Iglesia, se pronunció estruendosamente, de nuevo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Es evidente la tesis de Grabois al respecto de lo sucedido en Bolivia, básicamente porque lo ha explicitado, y por tanto, sin entrar a debates académicos o metodológicos, lo normal sería llevarlo con normalidad democrática. El ministro Murillo, sin embargo, mandó una amenaza de esas que caben en un tuit y recorren el mundo entero retratando un régimen al que las redes le colgaron su sambenito y que, evidentemente, no ayudan a cambiarlo: “No vamos a permitir que ningún local haga terrorismo en Bolivia y peor un extranjero, recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas, tratando de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo".
Lo político
Mientras tanto, los aspirantes a candidatos siguen haciendo sus cálculos y sus puestas en escena. Ayer fue el ministro Jerjes Justiniano - totalmente entregado al excívico Luis Fernando Camacho, o viceversa - quien precisó plazos para buscar una elección más rápida, al contrario de lo que el MAS decidió en la Ley.
Desde hoy empezamos a trabajar en un gran proyecto por un mejor país. Es un anhelo servir con todas mis fuerzas para ver a mi Patria unida y libre.
Gracias al pueblo boliviano por su confianza para dirigir la noble institución del Comité pro Santa Cruz.
¡Dios bendiga a Bolivia! pic.twitter.com/a1mJVhJUg8
— Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) November 30, 2019
Cálculos
El TSE deberá interpretar como utilizar los 120 días que tiene para encajar el calendario electoral
Según Justiniano, en los 120 días que el TED tiene para completar el proceso electoral se debe contemplar la primera vuelta, la segunda vuelta (45 días), el cómputo final (7 días) y la entrega de credenciales, por lo que en su estimado, la cita con las ánforas sería a mediados de marzo o incluso antes, ya que se prevé tener vocales electorales hasta el 20 de diciembre, mismos que tendrán 48 horas para convocar la cita y presentar el calendario.
El criterio es diferente al que venía utilizando el resto del equipo de Áñez e incluso el MAS, pues contemplaban abril como fecha y, si resulta necesario, una segunda vuelta posterior, aunque tendría dificultades.
Es evidente que a quien más le interesa una elección rápida es a la previsible dupla cívica de Camacho y Marco Pumari, que ya han renunciado a la cartera cívica y que ya han tenido el ofrecimiento de la sigla del PDC, pues el tiempo siempre es olvido. Argumento que precisamente le sirve al MAS y le es más o menos indiferente al resto.
La resolución, en cualquier caso, es cuestión de tiempo.
Asilos y salvoconductos en México
El Gobierno mexicano acabó concediendo el asilo político al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, uno de los hombres fuertes de Evo Morales durante toda su gestión. Quintana se encuentra en la embajada desde hace varias semanas aunque oficialmente no se había completado la tramitación hasta ayer.
Su sucesor en Presidencia, Jerjes Justiniano, quien también dirige las negociaciones de pacificación y estabilización, señaló que no se otorgará un salvoconducto al exministro – con denuncias recientes – y comparó su situación con la del exsenador Roger Pinto, quien también estuvo 400 días en la embajada de Brasil y acabó huyendo camuflado en un vehículo en un caso todavía sin aclarar.