Instituciones instan al Gobierno a cumplir estándares mundiales de DDHH en protestas

Las instituciones que conforman la Ruta de La Democracia instaron al gobierno a cumplir los estándares internacionales de Derechos Humanos en las protestas que se realizan en el país para evitar hechos de violencia, y lamentaron el fallecimiento de dos manifestantes en Montero en una vigilia por la defensa del voto.

“Hacemos un llamado a las autoridades a cumplir con estándares internacionales de derechos humanos sobre el ejercicio de manifestación pacífica, e instamos a la policía a reforzar acciones para aislar a grupos que actúen o pretendan actuar con violencia, cumpliendo con el deber de garantizar la integridad de las personas, especialmente aquellos que ejercen de manera pacífica su derecho a la protesta y periodistas que cumplen con su labor de cobertura”, se lee en parte del comunicado.

Las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de La Ruta de La Democracia expresaron su profundo pesar y preocupación por la escalada en los conflictos sociales que vive el país a niveles considerados inaceptables. “Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas”, expresa la nota de prensa.

El miércoles por la noche, Mario Salvatierra (60) y Marcelo Terrazas Seleme (48) fallecieron luego de los enfrentamientos que se dieron en Montero, Santa Cruz, entre cívicos que defendían el paro y masistas que intentaban levantarlo.

La Ruta para La Democracia rechaza los actos de violencia y atentados contra la vida de las personas, las agresiones, destrucción de bienes públicos y privados e insta a la sociedad civil a “ejercer su derecho a la manifestación pacífica con tolerancia y respeto a las opiniones distintas, evitando acciones que promuevan enfrentamientos entre ciudadanos y ciudadanas”.

“La libertad de expresión representa uno de los derechos esenciales para el desempeño de una sociedad democrática, por lo que exhortamos a no agredir ni amenazar a la prensa”, señala el documento.

Recordamos en esta línea que el uso de la fuerza y la represión de manifestaciones “está reservado a casos excepcionales y las autoridades deben garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente”.

Las instituciones demandan a las autoridades, actores de las fuerzas políticas y entes cívicos abstenerse de realizar amenazas, discursos de odio e incitación a la violencia, y señalan que es fundamental desarrollar medidas que restituyan la confianza de los ciudadanos y, si es necesario, “volver a encontrar instancias de mediación que contribuyan a originar espacios de diálogo constructivo que ayuden a preservar los derechos de todas las personas”.

 
Tomado de ANF