Las ONG en Bolivia dan informe sobre la Chiquitanía

Decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a nivel nacional llevaron adelante su rendición pública de cuentas el día de ayer, con la finalidad de promover una cultura de transparencia como práctica esencial para lograr la legitimidad, sostenibilidad, efectividad y protección del trabajo que realizan.

La iniciativa se enmarca en la “Semana Global de la Rendición de Cuentas”, que cumplen cientos de organizaciones, instituciones y redes a nivel mundial para transparentar sus actividades.

Bolivia no es ajena a este movimiento mundial y desde la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y sus 22 instituciones asociadas, emprendieron ayer, eventos en los que detallaron presupuestos ejecutados, cantidad de proyectos realizados, personas beneficiadas, entre otras cifras.

En el caso particular de UNITAS y sus asociadas, la directora de esta institución, Susana Eróstegui, informó que el 2018 se ejecutaron 153.216.235 bolivianos en 151 planes, programas y proyectos realizados en todo el país y que tuvieron a un total de 426.092 personas beneficiadas de manera directa y 3.673.305 personas beneficiadas indirectamente.

Sobre el informe de la Chiquitanía

En un conversatorio con periodistas, denominado “Políticas de Tierra y Medioambiente”, en la que el responsable de Defensa de Derechos Humanos de UNITAS, Daniel Espinoza y el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, informaron sobre la situación de la política agraria en Bolivia y los incendios en la Chiquitanía, además de la acción realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Espinoza brindó un detalle del informe presentado en pasados días ante la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, en el que se solicitó al organismo pedir información al Estado boliviano sobre los incendios en la Chiquitanía, que han dejado aproximadamente 4 millones de hectáreas calcinadas por el fuego.

Explicó que la solicitud ante la CIDH responde a los pueblos indígenas afectados por los incendios: Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Resaltó que algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de aislamiento voluntario, como el caso de los Ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas más afectadas por el fuego.

“Se ha informado a la CIDH respecto a la normativa, las políticas públicas y el accionar del Estado boliviano con relación a esta crisis ambiental, ésta última se evidenció cómo las autoridades del Estado reaccionaron de manera inadecuada, primeramente al responder de manera tardía y por otro lado al no declarar zona de desastre nacional, impidiendo así la asistencia internacional en toda su capacidad”, explicó.