Una desigualdad silenciosa menoscaba la economía boliviana

Para la Fundación INASET (Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica), en Bolivia “la distribución primaria de la renta está entre las más inequitativas del mundo: mientras en las economías con mejor calidad de crecimiento la remuneración al trabajo puede superar el 60% del valor agregado, en Bolivia está por debajo del 30%”.

Esta forma de ver la desigualdad complementa la medición tradicional más usada en Bolivia, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos de la población.

Según el INE, la desigualdad medida por el Gini bajó de 0,611 en 2002 a 0,44 en 2018. Pero estudios recientes indican que Bolivia es uno de los países cuyo nivel de desigualdad es fluctuante y va variando de acuerdo con las circunstancias económicas, y no de manera estructural.

Así lo sugiere una investigación publicada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a principios de año. Según dicho estudio, el boom de los commodities proveyó a los países como Bolivia de recursos monetarios para implementar políticas sociales y redistributivas (Bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto y la Renta dignidad), que, según el Ministerio de Economía, llegan a casi la mitad de la población boliviana.

Expertos del Banco Mundial reconocieron también que este tipo de políticas permitió reducir la pobreza por ingresos (especialmente la extrema) y las brechas de desigualdad por ingresos.

Sin embargo, el problema identificado por expertos como Marcela Perticará, profesora de la Universidad Alberto Hurtado (Chile), es que el fin de la época de bonanza de las materias primas puede afectar la continuidad y efectividad de estas políticas y sus resultados a mediano y largo plazo. Es por eso que Bolivia padece las fluctuaciones identificadas por la CEPAL en sus niveles de pobreza y desigualdad.

[caption id="attachment_481009" align="alignnone" width="492"] Bolivia redujo su desigualdad por ingresos, pero de manera fluctuante y no estructural[/caption]

Distribución primaria de la renta

Según INASET, la participación de la remuneración a los empleados en la distribución del ingreso (distribución primaria de la renta), cayó del 42% en 2000 al 31% el 2008; a precios de mercado, cayó del 36,1% al 25% en dicho período “y se mantiene por debajo del 30% hasta el presente”.

Los economistas explican que la distribución primaria de la renta se da en el proceso de la producción, como remuneración de los factores de producción (tierra, capital, trabajo), y de esa manera es la que determina qué porción del valor agregado se distribuye entre los asalariados, y qué porción bruta queda para el capital.

INASET advierte que mientras en Bolivia esta distribución primaria no llega al 30% para los trabajadores, “en las economías con mejor calidad de crecimiento” la remuneración al trabajo puede superar el 60% del valor agregado.

A su vez, con datos del SIN para los periodos 2011 y 2012, la institución calcula que el aporte tributario de individuos y familias consumidoras alcanzarían a unos 22.000 millones de bolivianos (76% de las recaudaciones de los impuestos nacionales sin contar IDH ni IEHD-Refinerías), lo que equivaldría al 15% del PIB.

“Es decir, si se restaran los tributos pagados de la participación de los trabajadores y empleados en el ingreso, la remuneración efectiva neta de los asalariados y autoempleados sería del orden del 15% del PIB en la actualidad. Estas cifras gruesas alertan sobre la seriedad que podría tener el problema de la distribución en el país”, agrega.

A decir del director de INASET, Enrique Velazco, la desigualdad “reduce el crecimiento y es moralmente inaceptable porque mella la dignidad humana”. Asimismo, afirma que estos datos “sitúan a Bolivia con una de las distribuciones más inequitativas del ingreso (y con un sistema tributario altamente regresivo), incluso considerando distorsiones posibles por los efectos que podrían tener la informalidad y el autoempleo en la distribución”

Por otra parte, cuestiona que en lugar de promover el crecimiento a través de la promoción “del empleo productivo y el alza de los salarios y de las remuneraciones a partir del aumento sostenido del valor agregado y la productividad, se presiona a la baja la participación de la remuneración a los asalariados, y se incrementan los costos directos y los de transacción, reduciendo el valor agregado y la productividad”.

Mecanismos artificiales de compensación

Una forma no estructural de compensar la mala distribución primaria de la renta es a través de la distribución secundaria, es decir, la que se realiza a través de la política fiscal: impuestos, transferencias que realiza el gobierno a las familias (bonos sociales), y en la redistribución que se realiza a través de los servicios públicos brindados a la comunidad, como la salud y la educación.

[caption id="attachment_481010" align="alignright" width="300"] Bonos sociales compensan, pero de manera insuficiente, la distribución inequitativa[/caption]

Estos últimos deberían aumentar en gran medida el bienestar de la población, pero los expertos en Bolivia consideran que estos sectores han sido más bien descuidados, mientras que el énfasis se ha puesto sobre todo en los bonos y segundos aguinaldos, que los empresarios pequeños consideran arbitrarios e infundados.

Estas últimas medidas han permitido reducir la pobreza por ingreso y el índice Gini, pero no estructuralmente y, como afirman las investigaciones citadas, de manera fluctuante. De ahí que la preocupación de Velazco y el INASET de visibilizar aspectos más estructurales como la distribución primaria del ingreso.

De hecho, Velazco afirma que estas transferencias (bonos, etc.) “nunca podrán compensar las pérdidas ocasionadas por la caída de la participación de las remuneraciones en la distribución del ingreso”.

Por ejemplo, explica que si se hubiera mantenido el nivel de la participación del trabajo en la distribución del ingreso del año 2000 (36,1% del PIB), entre 2008 y 2015 los asalariados habrían recibido 180 mil millones de bolivianos adicionales a lo recibido efectivamente en su remuneración. En el mismo período, las transferencias monetarias totales de la Renta Dignidad, del bono Juancito Pinto y del Bono Juana Azurduy no llegan a los 18 mil millones de bolivianos, agrega.

Para el analista, esto significa que “las transferencias para ‘reducir la desigualdad’ son la décima parte de lo que se ha reducido a la remuneración al trabajo si se mantenía la distribución del ingreso vigente en la ‘época neoliberal’”.

Los dilemas de la profundización financiera

Los datos oficiales (INE) muestran que el sector financiero en Bolivia lleva casi 14 años de crecimiento sostenido, que, en promedio, más que duplican el crecimiento el PIB: entre los años 2006 y 2016, el PIB creció 4,9% en promedio, mientras que los servicios financieros tuvieron un crecimiento promedio de 11,3% en el mismo periodo.

La cartera de créditos ha tenido un comportamiento similar. Según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el año 2005 la cartera de las entidades de intermediación financiera era de Bs. 26.879 millones. En tanto que, al 28 de febrero de 2019, ésta alcanzó a Bs. 172.285 millones, monto que ya equivale a claramente más de la mitad del PIB (Bs. 284.115 millones en 2018, y se proyecta a Bs. 312.650 millones para finales de 2019).

[caption id="attachment_481011" align="alignnone" width="523"] Creció el sector financiero, creció la cartera de créditos, crecieron las utilidades de los bancos[/caption]

Hay quienes consideran que esta “profundización financiera” a través de la expansión del crédito ha sido un exitoso mecanismo para superar la pobreza. Pero también es cierto que, desde el año 2012, tanto el Banco Mundial como el FMI reconocieron oficialmente que la financiarización de la economía es una de las causas principales del aumento en la desigualdad global.

Velazco considera que quienes controlan el capital privado (y lo acumulan, en especial, en activos financieros) tienen “una baja inclinación a canalizar su ahorro a inversiones productivas, sea porque las actuales condiciones (debilidad institucional, inseguridad jurídica, etc.) genera desincentivos, o por el predominio de valores mercantilistas y rentistas”.

Según el experto, la facilitación de créditos hacia sectores asalariados para elevar su consumo ha sido en realidad “un mecanismo” de la banca privada (y del gobierno, que promueve los créditos baratos) para “aumentar sus ingresos, sin importar que, al mismo tiempo, se redujo su participación en la distribución del ingreso”.

El resultado neto real tendrá que ser evaluado más adelante en el tiempo, contrastando los beneficios efectivos que habría tenido la mejora de la calidad de vida de quienes recurren al crédito, frente al aumento de su endeudamiento y a los altos beneficios resultantes para el sistema financiero, ya que en 2017, “con ingresos financieros y operativos de 3.000 millones de dólares extraídos de la economía real, logró 310 millones de dólares de utilidades”, casi el 1% del PIB en manos de “muy pocas personas”.

Para el director de INASET, las cosas son claras: “si no se eliminan previamente los factores que determinan la alta desigualdad, fortalecer la profundización financiera en Bolivia sólo contribuirá a acentuar la pobreza y la desigualdad, y anularán la posibilidad de un crecimiento productivo a largo plazo”, precisamente porque al extraer recursos de la economía real se los asigna a los sectores no productivos.

En esencia, se identifica que el (micro) crédito, “indujo una fuerte terciarización de la economía”, que promovió inicialmente un mayor consumo, pero también reorientó las inversiones fuera de los activos productivos y hacia el comercio y los servicios.

Esto, afirma el experto, “llevó a mediano y largo plazo, a la caída en la capacidad productiva, a una baja real de los salarios e ingresos, al aumento de las relaciones de deuda-ingreso y, eventualmente, al déficit en cuenta corriente. Por su parte, la reducción en la capacidad de oferta del aparato productivo interno, junto a un patrón de crecimiento liderado por exportaciones de recursos sin valor agregado, alienta la importación de productos finales presionando aún más a los sectores productivos con potencial para crear empleo e ingresos”.

¿Cuentapropismo forzado?

En los homenajes por el 6 de agosto en Trinidad, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que “cada año se crean 220 mil nuevos empleos, de los cuales 120 son creados por jóvenes entre 18 y 35 años”.

[caption id="attachment_481012" align="alignright" width="388"] Trabajo por cuenta propia tiende a ser precario y de baja productividad[/caption]

Al respecto, Velazco afirma que en realidad en Bolivia se ha promovido el “cuentapropismo forzado”, celebrado por el gobierno bajo los eufemismos de “emprendedurismo y microempresas, bajo los que se ocultan unidades económicas de muy baja productividad (alta precariedad del empleo)”.

Y que aparte de los proyectos de empleo de emergencia, no se ha encarado políticas reales de creación de puestos de trabajo con incentivos a la justa remuneración y la equitativa distribución del producto.

La desigual distribución primaria del ingreso “alienta el consumo suntuario y deprime la remuneración al trabajo”, al mismo tiempo que identifica que las políticas tributarias son “muy regresivas, inequitativas y estrictamente recaudatorias, por lo que generan fuertes desincentivos a las actividades creadoras de valor y de empleo”.