Gobierno emite plan de urgencia contra violencia a la mujer
El Gobierno emitió este lunes un plan de “urgencia y emergencia” de 10 pactos, en el cual se declara prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Morales dijo que se decidió tomar estos pasos por la preocupación surgida por...



El Gobierno emitió este lunes un plan de “urgencia y emergencia” de 10 pactos, en el cual se declara prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.
Morales dijo que se decidió tomar estos pasos por la preocupación surgida por los feminicidios en el país.
La Fiscalía informó que desde enero ya se había registrado 73 casos feminicidio a nivel nacional.
Los pactos
Punto 1: Pacto para que un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana provenientes de Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) se destine a la lucha contra la violencia. Para eso se ha creado una comisión que estudie el porcentaje, indicó Morales.
El Reglamento a la Ley 348 ya dispone porcentajes del IDH que entidades deben destinar a la protección de la mujer, por ejemplo, en refugios, servicios integrales y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Punto 2: Pacto para prevenir la violencia desde el sistema educativo con la participación de madres, padres de familia, maestras, maestros, estudiantes para construir nuevas relaciones basadas en el respeto y no en la violencia.
Punto 3: Pacto para eliminar la impunidad con la Policía, la Fiscalía en el Órgano Judicial, para acelerar el acceso a la justicia.
Punto 4: Pacto con las familias para promover una cultura con valores y la responsabilidad en la lucha contra las violencias.
Punto 5: Pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias y niveles del gobierno. Cada servidor público no sólo debe conocer la norma sino también debe entender la problemática de la violencia, en especial con el sistema de salud, dijo Morales.
Punto 6: Pacto para comunicar, desnaturalizar la violencia contra las mujeres y las niñas, para avanzar en la construcción de una cultura de la no violencia.
Punto 7: Pacto con los municipios y gobernaciones para mejorar y fortalecer los servicios de atención y protección a las mujeres que viven situaciones de violencia, para dar respuesta oportuna a las víctimas y prevenir la violencia para la ejecución de sus recursos.
Punto 8: Pacto con las empresas privadas para combatir las violencias al interior de las mismas y generar un clima empresarial libre de violencia hacia las mujeres.
Punto 9: Pacto con las organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras y vigilantes de la lucha contra las violencias de los barrios las comunidades, los espacios laborales, etcétera.
Punto 10: Pacto para estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como un delito de lesa humanidad y plantear un tratado internacional sobre el feminicidio.
Morales indicó que para implementar el plan se aprobó ya dos decretos. El primero para implementar medidas de concientización y prevención que promuevan la existencia armónica y pacífica de las familias en las familias bolivianas y los bolivianos, a través de jornadas de sensibilización por parte de los gobiernos autónomos municipales y de los gobiernos autónomos indígena originaria campesinas.
En el segundo decreto se refiere a la prevención de la violencia entre servidores públicos y personal de empresas privadas.
Morales dijo que se decidió tomar estos pasos por la preocupación surgida por los feminicidios en el país.
La Fiscalía informó que desde enero ya se había registrado 73 casos feminicidio a nivel nacional.
Los pactos
Punto 1: Pacto para que un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana provenientes de Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) se destine a la lucha contra la violencia. Para eso se ha creado una comisión que estudie el porcentaje, indicó Morales.
El Reglamento a la Ley 348 ya dispone porcentajes del IDH que entidades deben destinar a la protección de la mujer, por ejemplo, en refugios, servicios integrales y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Punto 2: Pacto para prevenir la violencia desde el sistema educativo con la participación de madres, padres de familia, maestras, maestros, estudiantes para construir nuevas relaciones basadas en el respeto y no en la violencia.
Punto 3: Pacto para eliminar la impunidad con la Policía, la Fiscalía en el Órgano Judicial, para acelerar el acceso a la justicia.
Punto 4: Pacto con las familias para promover una cultura con valores y la responsabilidad en la lucha contra las violencias.
Punto 5: Pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias y niveles del gobierno. Cada servidor público no sólo debe conocer la norma sino también debe entender la problemática de la violencia, en especial con el sistema de salud, dijo Morales.
Punto 6: Pacto para comunicar, desnaturalizar la violencia contra las mujeres y las niñas, para avanzar en la construcción de una cultura de la no violencia.
Punto 7: Pacto con los municipios y gobernaciones para mejorar y fortalecer los servicios de atención y protección a las mujeres que viven situaciones de violencia, para dar respuesta oportuna a las víctimas y prevenir la violencia para la ejecución de sus recursos.
Punto 8: Pacto con las empresas privadas para combatir las violencias al interior de las mismas y generar un clima empresarial libre de violencia hacia las mujeres.
Punto 9: Pacto con las organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras y vigilantes de la lucha contra las violencias de los barrios las comunidades, los espacios laborales, etcétera.
Punto 10: Pacto para estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como un delito de lesa humanidad y plantear un tratado internacional sobre el feminicidio.
Morales indicó que para implementar el plan se aprobó ya dos decretos. El primero para implementar medidas de concientización y prevención que promuevan la existencia armónica y pacífica de las familias en las familias bolivianas y los bolivianos, a través de jornadas de sensibilización por parte de los gobiernos autónomos municipales y de los gobiernos autónomos indígena originaria campesinas.
En el segundo decreto se refiere a la prevención de la violencia entre servidores públicos y personal de empresas privadas.