Núñez: en 2015 fiscalía desestimó denuncias sobre empadronamiento irregular en Riberalta
El senador de la opositora UD, Yerko Núñez, denunció este miércoles que la Fiscalía desestimó denuncias presentadas en 2015 sobre la inscripción irregular de personas del municipio de Riberalta, en Beni, para el padrón electoral de Pando. La medida legal fue presentada en el marco de las...
El senador de la opositora UD, Yerko Núñez, denunció este miércoles que la Fiscalía desestimó denuncias presentadas en 2015 sobre la inscripción irregular de personas del municipio de Riberalta, en Beni, para el padrón electoral de Pando. La medida legal fue presentada en el marco de las elecciones subnacionales de ese año.
El legislador explicó que las denuncias fueron presentadas en 2015 por los habitantes de la comunidad Las Piedras del municipio pandino Gonzalo Moreno y miembros de una agrupación ciudadana.
No obstante, Núñez denunció que el fiscal José Luis Quispe Salinas desestimó dichas denuncias debido a que eran acciones “atípicas” y que no habían “argumentos legales” para imputarlos a los responsables de estos hechos.
Ante esto, el senador espera que la última denuncia, que se dio a conocer el 16 de junio, sobre la inscripción de ciudadanos de Riberalta en centros “ilegales” que funcionaban en domicilios personales e incluso en un hotel para el padrón electoral de Beni no sea rechazada también.
La autoridad expresó que este hecho ya es una forma de operar del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Este ya es un modus operandi del partido de gobierno con la complicidad del Órgano Electoral que es trasladar ciudadanos de un departamento a otro cuando sabemos que eso está prohibido”, afirmó Núñez.
El inciso i del artículo 238 de la Ley 026 de Régimen Electoral el traslado fraudulento de personas constituye un delito electoral.
Dicha disposición establece que la autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionado con pena privativa de libertad de dos a cinco años.
Ante este panorama, señaló que espera que el Ministerio Público y el TSE dé garantías al sistema democrático, aunque cuestionó a ambas entidades por su “silencio” ante las denuncias presentadas en 2015.
Tomado de ANF
El legislador explicó que las denuncias fueron presentadas en 2015 por los habitantes de la comunidad Las Piedras del municipio pandino Gonzalo Moreno y miembros de una agrupación ciudadana.
No obstante, Núñez denunció que el fiscal José Luis Quispe Salinas desestimó dichas denuncias debido a que eran acciones “atípicas” y que no habían “argumentos legales” para imputarlos a los responsables de estos hechos.
Ante esto, el senador espera que la última denuncia, que se dio a conocer el 16 de junio, sobre la inscripción de ciudadanos de Riberalta en centros “ilegales” que funcionaban en domicilios personales e incluso en un hotel para el padrón electoral de Beni no sea rechazada también.
La autoridad expresó que este hecho ya es una forma de operar del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Este ya es un modus operandi del partido de gobierno con la complicidad del Órgano Electoral que es trasladar ciudadanos de un departamento a otro cuando sabemos que eso está prohibido”, afirmó Núñez.
El inciso i del artículo 238 de la Ley 026 de Régimen Electoral el traslado fraudulento de personas constituye un delito electoral.
Dicha disposición establece que la autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionado con pena privativa de libertad de dos a cinco años.
Ante este panorama, señaló que espera que el Ministerio Público y el TSE dé garantías al sistema democrático, aunque cuestionó a ambas entidades por su “silencio” ante las denuncias presentadas en 2015.
Tomado de ANF
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