La fiscalía cierra el caso EPSAS sin hallar responsables

El Ministerio Público, al no haber objeciones, cerró este viernes las investigaciones con una resolución de sobreseimiento, sin hallar a los responsables de la crisis del agua, que afectó a los ciudadanos de 140 barrios paceños, en noviembre de 2016. Esta determinación libera de culpa a cuatro imputados por el denominado caso EPSAS.
“La Fiscalía ante la imposibilidad de individualizar conductas o ante la imposibilidad de que estos sujetos procesales sean acusados o que tengan que escuchar la resolución de sobreseimiento, porque no existe elemento probatorio fuerte; por lo tanto, a estas alturas se podría entender, ante la no impugnación de la resolución de sobreseimiento, que el caso habría concluido”, informó Andrés Zúñiga, abogado de dos implicados que fueron sobreseídos.

Crisis del agua
En noviembre de 2016 se registró la crisis del agua en la ciudad de La Paz, motivo por el cual tuvo que racionarse la distribución de este elemento vital en distintos barrios paceños. En ese momento se denunció que las autoridades encargadas del tema no habrían tomado las previsiones necesarias.
El Ministerio Público abrió un proceso penal por este caso contra la ex ministra de Agua y Medio Ambiente, Alexandra Moreira; al exdirector de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe; y los exinterventores de Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Ruddy Rojas y Hugo Gómez.
Los implicados fueron imputados por los delitos de incumplimiento de deberes y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
En febrero de este año se conoció que la Fiscalía emitió la acusación formal contra las cuatro exautoridades para ir a juicio oral; sin embargo, días después informó que hubo un error en esta resolución conclusiva, por lo que resolvió el sobreseimiento de las partes.
Zúñiga —abogado de Rojas y Gómez— explicó que, una vez notificada, con esta resolución de sobreseimiento (liberación de culpa) a todas las partes de este caso, hay un plazo de cinco días para que los denunciantes (Ministerio de Medio Ambiente, EPSAS, los vecinos afectados) impugnen esa decisión fiscal para revertir la medida.
El plazo venció y ninguno de los demandantes impugnó dicha resolución, lo que da a entender que están de acuerdo con la medida y eso dio curso a la conclusión del proceso, manifestó el abogado.
El abogado afirmó que la crisis del agua fue por causas naturales y, por ello, la Fiscalía no estableció que se hayan cometido delitos.
“Ante esa crisis del agua que naturalmente fue provocada por una fuerza natural, en fuerza física irresistible, no podía constituir delito. La Fiscalía no puede ir más allá de sus propias limitaciones y forzar acciones que puedan hacerse ver como conductas delictivas. Por lo tanto, ante esa imposibilidad de encontrar responsabilidad penal, pues la Fiscalía decidió emitir la resolución de sobreseimiento”, refirió el jurista.
Dijo que el Ministerio Público de oficio podría revisar esta determinación, pero no existe ningún antecedente de algo similar y que, por eso, el caso habría concluido.