Senador ve falsa expectativa en inhabilitación de Morales

El senador Edwin Rodríguez (Demócratas) cree que se está generando una falsa expectativa para el 8 de diciembre, porque el Tribunal Supremo Electoral no va a inhabilitar al binomio del MAS, “dirá que cumplieron los requisitos formales” de la Ley del Régimen Electoral, sostuvo.
“Pero ahí tenemos un Tribunal Supremo Electoral que nos va a decir cumplen con los requisitos de la Ley del Régimen Electoral, creo que eso sucederá el 8 de diciembre”, declaró el legislador opositor.
De acuerdo al calendario electoral del TSE, el 8 de diciembre se publicará la lista de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia habilitados para participar de las elecciones primarias en enero de 2019.
El legislador advirtió que el TSE “tickeará” los requisitos establecidos en el artículo 167 y 234 de la Constitución Política del Estado y de las normas inferiores.
El artículo 167 señala que para acceder a la candidatura a la presidencia y vicepresidencia se requiere cumplir con las condiciones de acceso al servicio público, contar con 30 años de edad cumplidos el día de la elección, y haber residido de forma permanente en el país al menos cinco años inmediatamente anteriores a la elección.
Mientras que el artículo 234 dice que para ser funcionario público se requiere: contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento.
Asimismo, no estar comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución, estar inscritos en el padrón electoral y hablar al menos dos idiomas oficiales.
Requisitos que los vocales del TSE dirán que los candidatos del MAS “cumplieron”, porque son exigencias de carácter “formal”, pero no analizarán -por ejemplo- la vigencia del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó que los candidatos del oficialismo sean candidatos.
El artículo 239 de la CPE prevé que son incompatibilidades con el ejercicio de la función pública: la adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre del servidor público o de terceras personas, la celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado y el ejercicio profesional como empleados, apoderados, asesores, sociedades o empresas que tengan relación contractual con el Estado.
“El TSE con el reglamento obvia la Constitución, es un reglamento inconstitucional que lo demandamos como único partido, pero que nos rechazaron”, sostuvo el legislador.