Mesa reitera su pedido de procesar a autoridades por el caso Quiborax
El expresidente, Carlos Mesa, se presentó este martes en la Fiscalía General del Estado para prestar su declaración por el caso Quiborax donde mantuvo que el principal responsable del caso es el Gobierno actual, por lo que los procesados debieran ser los cuatro funcionarios a los que...
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El expresidente, Carlos Mesa, se presentó este martes en la Fiscalía General del Estado para prestar su declaración por el caso Quiborax donde mantuvo que el principal responsable del caso es el Gobierno actual, por lo que los procesados debieran ser los cuatro funcionarios a los que denunció ayer lunes, entre ellos el exprocurador, Héctor Arce; el actual Procurador General, Pablo Menacho; el ministro de Minería César Navarro, y a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
“El Fiscal tiene en la balanza dos elementos, el presentado por el Procurador General y el presentado por nosotros en función de la responsabilidad, de la verdadera responsabilidad que para mí, sin ninguna duda, es del gobierno del presidente Morales y en absoluto del nuestro”, afirmó Mesa a los medios.
El proceso fue solicitado por el actual procurador general del Estado Pablo Menacho, para que se investigue a Mesa por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica.
El caso se relaciona a la reversión de concesiones mineras durante el gobierno de Mesa a Quiborax-Non Metallic Minerals S.A (NMM) en el Salar de Uyuni que le costaron de $us 42,6 millones de indemnización al gobierno boliviano.
“El Fiscal tiene en la balanza dos elementos, el presentado por el Procurador General y el presentado por nosotros en función de la responsabilidad, de la verdadera responsabilidad que para mí, sin ninguna duda, es del gobierno del presidente Morales y en absoluto del nuestro”, afirmó Mesa a los medios.
El proceso fue solicitado por el actual procurador general del Estado Pablo Menacho, para que se investigue a Mesa por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica.
El caso se relaciona a la reversión de concesiones mineras durante el gobierno de Mesa a Quiborax-Non Metallic Minerals S.A (NMM) en el Salar de Uyuni que le costaron de $us 42,6 millones de indemnización al gobierno boliviano.
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