Bolivia debe pagar $us 48,6 millones a una empresa chilena
El fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial (BM), dice que Bolivia debe pagar un monto de 48,6 millones de dólares a la empresa Chilena Quiborax, tras perder un juicio iniciado en 2006 ante el ente...



El fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial (BM), dice que Bolivia debe pagar un monto de 48,6 millones de dólares a la empresa Chilena Quiborax, tras perder un juicio iniciado en 2006 ante el ente internacional.
Según una nota emitida por el periódico digital La Prensa, el Ciadi mediante un informe de 73 páginas, dio a conocer en las últimas horas la decisión de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” presentada por Bolivia en 2015 contra Quiborax, luego de que el organismo del BM diera a conocer un primer fallo a favor de la empresa el mismo año.
Bolivia fue demandada por la empresa chilena en 2006 debido a que no recibió ninguna indemnización por parte del gobierno boliviano consecuencia de que en 2004 el entonces presidente Carlos Mesa revirtió las 11 concesiones mineras que Quiborax tenía para la explotación de Ulexita en el Salar de Uyuni.
La demanda exigía a Bolivia 66 millones de bolivianos en compensación a las inversiones hechas por la empresa Chilena y los supuestos daños que habría ocasionado la expropiación.
Como resultado de un proceso de casi 10 años, el Ciadi emitió en septiembre del 2015 un fallo a favor de Quiborax con el argumento de que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones.
Una semana después, Bolivia objeto el alegato de la Ciadi, argumentando que el ente internacional se habría extralimitado en sus facultades y solicitaba la anulación del fallo.
Sin embargo el 18 de mayo de este año, el Ciadi desestimó esta solicitud de anulación argumentando que no se habría vulnerado ninguna norma y que el fallo se habría hecho dentro de las facultades que le correspondían.
La sentencia obliga al gobierno de Evo Morales a pagar a la empresa chilena 48,6 millones de dólares, monto impuesto como sanción el 2015, sumados los intereses que empezaron a correr desde julio de 2013.
Bolivia también está obligada a pagar los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.
Eso sí, la entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares, incluyendo anticipos al Ciadi), según la nota de La Prensa.
Aunque las autoridades correspondientes en nuestro país todavía no se han manifestado al respecto, se conoce que la Ciadi estipula un plazo de tres a seis meses para realizar el pago del monto impuesto y de que de no cumplirse este plazo, el organismo internacional puede proceder al embargo de bienes y activos.
Según una nota emitida por el periódico digital La Prensa, el Ciadi mediante un informe de 73 páginas, dio a conocer en las últimas horas la decisión de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” presentada por Bolivia en 2015 contra Quiborax, luego de que el organismo del BM diera a conocer un primer fallo a favor de la empresa el mismo año.
Bolivia fue demandada por la empresa chilena en 2006 debido a que no recibió ninguna indemnización por parte del gobierno boliviano consecuencia de que en 2004 el entonces presidente Carlos Mesa revirtió las 11 concesiones mineras que Quiborax tenía para la explotación de Ulexita en el Salar de Uyuni.
La demanda exigía a Bolivia 66 millones de bolivianos en compensación a las inversiones hechas por la empresa Chilena y los supuestos daños que habría ocasionado la expropiación.
Como resultado de un proceso de casi 10 años, el Ciadi emitió en septiembre del 2015 un fallo a favor de Quiborax con el argumento de que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones.
Una semana después, Bolivia objeto el alegato de la Ciadi, argumentando que el ente internacional se habría extralimitado en sus facultades y solicitaba la anulación del fallo.
Sin embargo el 18 de mayo de este año, el Ciadi desestimó esta solicitud de anulación argumentando que no se habría vulnerado ninguna norma y que el fallo se habría hecho dentro de las facultades que le correspondían.
La sentencia obliga al gobierno de Evo Morales a pagar a la empresa chilena 48,6 millones de dólares, monto impuesto como sanción el 2015, sumados los intereses que empezaron a correr desde julio de 2013.
Bolivia también está obligada a pagar los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.
Eso sí, la entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares, incluyendo anticipos al Ciadi), según la nota de La Prensa.
Aunque las autoridades correspondientes en nuestro país todavía no se han manifestado al respecto, se conoce que la Ciadi estipula un plazo de tres a seis meses para realizar el pago del monto impuesto y de que de no cumplirse este plazo, el organismo internacional puede proceder al embargo de bienes y activos.