Ministra Prado afirma que el Estado no pondrá un solo boliviano a las empresas sociales

La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, precisó este lunes que las empresas que pasen a ser sociales no recibirán ningún tipo de ayuda económica de parte del Estado, ya que serán privadas así estén en manos de los trabajadores.

La autoridad indicó que se trata de uno de los candados a la Ley de Empresas Sociales que será promulgada el 1 de mayo, con motivo del Día del trabajador. Remarcó que las empresas pasarán por ley a ser sociales solo en casos en que el empresario haya abandonado la unidad productiva y con muchas deudas.

“En una anterior versión se asumía que era el Estado el que iba a ayudar a los trabajadores a recuperar una empresa, pues ahora el presidente de la Cámara de Senadores (José Alberto Gonzales) ha indicado que han hecho el trabajo en esos candados para que solamente en esos casos donde irresponsablemente un empresario ha dejado su emprendimiento sin liquidar deudas, sin pagar a sus trabajadores, ahí ellos puedan tratar de recuperar el emprendimiento y sin que el Estado tenga que poner un boliviano a ese emprendimiento, esa ha sido la condición número uno y eso siempre lo ha reiterado el presidente”, remarcó la autoridad.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, anunció el sábado que presentará una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra de la mencionada Ley por considerarla confiscatoria.

Prado dijo que los candados servirán para que la ley no se preste a malas interpretaciones, “para que no haya un incentivo perverso a que los trabajadores a la mala hagan fracasar un emprendimiento empresarial para que ellos se hagan de la empresa”.

Remarcó que el Estado no va a ser salvavidas de esas empresas “de ninguna forma, esos emprendimientos tienen que ser generados, levantados por los mismos trabajadores porque el Estado de dónde va a incorporar recursos para un tema que es netamente privado”.

Pese a los ajustes realizados a la Ley, los empresarios insisten en que ésta vulnera los derechos básicos y a la propiedad privada.