Contrato con Brasil, una negociación vital

El de Argentina, actualmente con más de 17 millones de metros cúbicos, se blindó como contrato de gas seco, sin licuables, ya que los mismos se iban a procesar en la planta Separadora del Gran Chaco que Argentina iba a financiar para que estuviera lista para 2009. Para entonces se ampliarían los volúmenes exportados desde los 6 millones hasta los 27 millones de metros cúbicos. Por aquel entonces Repsol enviaba desde Margarita y recibía al otro lado de la frontera con YPF en Campo Durán. El todopoderoso ministro de Planificación argentino y hoy huésped ilustre de la ciudad de Tarija, Julio de Vido estuvo en aquellas negociaciones.El de Brasil ya corría desde 1999 y alcanzó la cuota de los 30,5 millones de metros cúbicos al día, aproximadamente un tercio de lo que consume todo el gigante brasilero, y que emana desde los pozos tarijeños de San Alberto y San Antonio que entonces explotaba Petrobras y ahora la participada de YPFB. El contrato con Brasil era húmedo, es decir, por determinado poder calorífico que incluye los licuables. En la última adenda se logró arañar la liberación de una quinta parte, 6 millones de metros cúbicos que se procesarían en la planta procesadora de Río Grande. Hasta que esa planta estuviera produciendo, Brasil pagaría entre 100 y 180 millones de dólares al año por los licuables exportados desde 2008. Se tardó cinco años en inaugurar con el escándalo Catler por el medio que le costó la vida a un tarijeño y la cárcel a Santos Ramírez. Del pago reconocido en 2014 Tarija todavía reclama, aunque en voz más baja, las regalías pertinentes.La principal diferencia entre el contrato de Brasil y el de Argentina es que el uno se conserva y el otro empezó a sufrir modificaciones tan pronto desaparecieron sus negociadores del ministerio. De Vido logró ampliar volúmenes y no pagar por los licuables. Todavía no paga a pesar de que la planta Separadora del Gran Chaco se inauguró definitivamente en agosto de 2015, y es que no hay quien procese lo separado por lo que en Campo Durán y alrededores de la provincia salteña, donde se encendieron las alarmas, se mantiene el júbilo. No habrá petroquímica, al menos, hasta 2019.De la nacionalización se han escrito ríos de tintas, de los contratos de servicios y los gastos recuperables algo menos, pero de todo habrá ocasión.Momento ClaveLa cuestión es que una década después y en un contexto energético más traumado, con el barril de petróleo haciendo reverencias para mantener los 45 dólares y una guerra de reservas desatada en todo el mundo, con los métodos no convencionales y las tecnologías disputando a cara de perro para saber quién saldrá victorioso, a Bolivia le toca volver a negociar aspectos centrales que ríanse del asunto del mar.Renovar el contrato con Brasil pasa por ser una decisión adoptada a la rápida, pero que tras una evaluación podría considerarse negativa en el caso de que el lobby paulista ponga los precios en estado de emergencia. Bolivia tiene alternativas tanto para exportar como para industrializar, por lo que una negativa a la renovación del contrato que hoy ingresa la mayor cantidad de recursos al Tesoro de la Nación.En los mandos, el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez que en la práctica ya ejerce como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ante la postura decorativa adoptada por Guillermo Achá. En la retaguardia, los mismos que en 2006 acabaron de afinar los asuntos. En el frente, no hay embajador desde la retirada de Jerjes Justiniano. La fecha será el 24 de noviembre en campo contrario. La expectación máxima.