Se acabó el almuerzo

El asambleísta Wilman Cardozo, miembro fundamental de Unidad Departamental Autonomista (UDA) lo explicaba con claridad palmaria: El 90 por ciento de los casi 10 millones de dólares que se “invirtieron” en la canasta alimentaria de 2014 se fueron del departamento. Sin duda, un descubrimiento brillante luego de las decenas de advertencias que se publicaron incluso en la prensa. Ni siquiera las dos empresas más o menos poderosas de elaboración de alimentos balanceados en el departamento resultaban muy favorecidas con este programa, pese a los sólidos vínculos políticos.Cardozo señalaba que los productos de la canasta, “que en su mayor parte acaban en las despensas de hijos y nietos”, se convertirá en dinero líquido para que los “abuelitos” puedan disponer como quieran de los mismos en los comercios de proximidad. “Un circulante de diez millones de dólares en tiempos de austeridad será bienvenido”.Bien es cierto que, salvo si se lo gastan en vino, en huevos, en carne criolla y en algunas cosas más, la mayor parte del bono se va a comprar productos del exterior, pero algo es algo. Ahora bien, UDA y el gobierno de Adrián Oliva se convierte de facto en un gobierno distribuidor de bonos, un bono similar a los tantas veces criticados: Juancito Pinto, Renta Dignidad, etc. A la ley de la canasta, desde el principio, se le reconocía una clara intención política y nulo interés por potenciar la producción interna. Apenas una frase dentro del texto indicaba que los productos debían ser “de la región”, para después pasar a ser “recomendable” ampliando el concepto de región a casi todo el continente sudamericano y posteriormente, directamente, ser obviada por unos y por otros sin mayor reparo. Lo importante eran las fotos en la carátula y recordar una y otra vez quien lo repartía. “Los dirigentes de la tercera edad no estarán contentos, adelanto” señalaba Wilman Cardozo en una entrevista en TLT visibilizando un supuesto contubernio en las comisiones de calificación.Sin duda que la entrega de la platita contante y sonante es un acto mucho más transparente, se ahorran las comisiones y beneficios de los productores  y proveedores y nuestros mayores no tendrán que andar haciendo cálculos sobre cuánto cuesta cada producto, por muy “fortificado” que sea. A quien le falten diez, quince o veinte pesos se va a dar cuenta rapidito. Ahora bien, la reconversión del programa debería tener un carácter temporal. Un departamento que favorece como lo hace, a través del bono Prosol, la producción (6.000 bolivianos por familia en cada comunidad) y que además iba a incentivar el consumo de lo propio con 10 millones de dólares anuales no puede permitirse el lujo de no implementar una verdadera industria agroalimentaria, de diferentes dimensiones, que abastezca el mercado local y piense incluso en llegar a otros mercados. De momento es solo un anuncio, en principio enmarcado en el plan “anticrisis”. Pronto veremos los alcances.