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Mediterráneo: Cerimedo al mundo y el mundo a Cerimedo
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Estimados y estimadas
Esta semana el mundo vino a Bolivia y Bolivia fue al mundo con un solo nombre propio: Fernando Cerimedo.
El escándalo es mayúsculo en términos humanos y políticos. Una mujer baleada que denuncia a su pareja que es a la vez el “asesor especial” del presidente y que tiene una larga lista de poderosos amigos y otra, de poderosos enemigos. O eso se supone, porque en el mundo de la consultoría, lo de ir de farol es recurrente. Y siempre alguien pica.
En El País hemos escrito hasta la saciedad de la figura de este consultor en concreto, de sus escándalos pasados, de sus aliados, de sus influencias y de sus negocios ligados a Brad Parscale. De su expertiz como comandante general de ejércitos de bots y trols que han ido mutando y adaptándose siempre al algoritmo. En este boletín, además, el asunto de la guerra cultural y la transnacionalización de la ultraderecha es recurrente.
El escándalo de la noticia y las declaraciones de Nadia Beller hicieron que en Argentina se lanzaran como locos al hueso, por lo que se han actualizado con todo lujo de detalles sus actuaciones, escándalos y prontuario, además de agitar el escándalo de Ansis que involucró a su esposa oficial y a Karina Milei. Cerimedo no deja de ser una pieza importante dentro del armado de esa transnacional ultra que está ganando elecciones en Sudamérica y explorar su relación con el presidente Javier Milei se convierte en un entretenimiento de masas.
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Lo de Beller y Cerimedo – al margen de la tentativa de feminicidio, que es lo que es - no es una historia de buenos y malos ni mucho menos, tampoco es una tradicional historia de pícaros y delincuentes metiendo la mano en la caja, sino que es un nuevo modelo de hacer política todavía en pruebas, y que para variar, ha utilizado a Bolivia como campo de pruebas.
La batalla cultural ha ganado elecciones y cada vez parece más sencillo. Chile, Perú, Ecuador han usado el tema de la seguridad y violencia como eje pasando por encima de los problemas diarios de la gente, que como están más o menos, son menos emocionales. El propio Cerimedo en la gala MAGA de “Mar-e-Lago” de este febrero, donde le dieron hasta el premio de Consultor del año, señaló que ganar elecciones era fácil, pero que, si no ayudaban a gobernar, no servía.
Cualquiera podría decir que esa declaración justificaba su presencia en el gobierno “ad honorem”, pues hasta hoy nadie sabe explicar quién le paga – él insiste en la CAF, la CAF dice que nones -.
Cerimedo fue parte de la campaña de Paz, aunque es cierto que venía avanzada en modo amateur – quizá como práctica de su hija en Numen – y que contaba con la asesoría de la vieja guardia mirista, que del país algo saben. Es por eso que aunque Cerimedo se anote la raya en el lomo, nada tuvo que ver la campaña de Paz, que pivotó sobre conceptos populares y un “capitalismo para todos” que sonaba medio marxista, con su prototipo de campaña de uso múltiple – ataque frontal al adversario y demagogia libertaria – que ha usado en otros países con dispar suerte.
Después fue Paz quien le abrió las puertas del gobierno a un sujeto de malas formas que pertenece a una suerte de consorcio transnacional especializado en campañas – muy cerca de Trump y Milei -, pero con nula experiencia en gestión comunicacional de gobierno. Y peor de gobierno.
Nueve meses de gestión son suficientes para evaluar el modelo basado en la sustitución de la política tradicional por operaciones mediáticas y efectistas permanentes y en la construcción ficticia de enemigos. El gobierno de Paz Pereira está en la lona. Por izquierda y por derecha. Social y económicamente. Aunque ciertamente, tampoco sería justo cargárselo todo a Cerimedo.
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De los 15 ministros que empezaron la gestión, quedan cinco, y el “asesor principal” ha caído. Es interesante buscar los detalles de las decisiones que acabaron en completo fracaso y cruzarlas con los intereses de Cerimedo, en tanto representante de una suerte de “internacional libertaria” o más bien “ultraderechista”, cuyos objetivos son oscuros ni se aclara a quién sirven, pero que había anidado en el gobierno.
Dicho todo esto y mientras se acaban de acomodar los ingredientes, porque todo apunta a que esto durará buen tiempo ya acabará bien enlodado, analizamos esta semana los ataques recientes de EEUU a la Corte Penal Internacional, el avance de las elecciones en Brasil y de una extraña construcción de un nuevo cartel en Chile como “ramificación” del Tren de Aragua. Y sí, quizá todo está relacionado de una u otra forma con Cerimedo y el mundo que, dicen, quieren construir.
EEUU vs CPI: el poder contra la Justicia
¿Qué pasó?
Estados Unidos elevó esta semana un nuevo peldaño su ofensiva contra la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 18 de agosto sanciones contra la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y contra el jurista senegalés Abdoulaye Seye, uno de los abogados principales de la Fiscalía. Las medidas bloquean sus eventuales activos bajo jurisdicción estadounidense y los excluyen del sistema financiero norteamericano.
No es un episodio aislado. La Administración Trump había sancionado previamente a fiscales, jueces y otros funcionarios de la CPI y ha dejado claro que su objetivo es “desmantelar” la amenaza que, a su juicio, representa el tribunal para la soberanía estadounidense.
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El conflicto tiene un origen evidente: la investigación de la CPI sobre Israel y, especialmente, las órdenes de detención emitidas en 2024 contra Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra relacionados con Gaza. Washington sostiene que la Corte no tiene jurisdicción sobre ciudadanos de países que no reconocen el Estatuto de Roma, como Estados Unidos e Israel.
La CPI respondió calificando las sanciones de “ataque flagrante” contra la independencia de una institución judicial y advirtió de que el problema ya no afecta solamente al tribunal, sino al propio Estado de derecho internacional. La ONU expresó su preocupación y la Unión Europea volvió a respaldar públicamente la independencia de la Corte.
¿Ahora qué?
La cuestión es que Washington ya no está discutiendo solamente una orden de detención concreta: está cuestionando la legitimidad misma de una institución internacional.
La CPI nació en 2002 mediante el Estatuto de Roma y cuenta actualmente con 125 Estados parte. Estados Unidos nunca lo ratificó y, por tanto, no reconoce la jurisdicción general de la Corte sobre sus ciudadanos. Pero el tribunal puede ejercer jurisdicción en determinadas circunstancias cuando los crímenes se cometen en territorios de Estados que sí son parte del Estatuto.
El problema político es que el argumento de la soberanía funciona en ambos sentidos. Si un Estado poderoso puede decidir unilateralmente qué tribunal internacional puede investigarlo y, además, utilizar su peso financiero para castigar a jueces y fiscales, ¿qué queda de una justicia internacional que pretende ser independiente de los Estados?
La escalada también tiene una dimensión práctica. Las sanciones estadounidenses no se quedan necesariamente en Estados Unidos: el peso del sistema financiero norteamericano hace que bancos y empresas de terceros países puedan evitar cualquier relación con las personas sancionadas por temor a quedar expuestos a Washington. Diversos funcionarios y organizaciones ya han llevado estas medidas ante tribunales estadounidenses.
Y aquí aparece una paradoja interesante: la Administración Trump está intentando utilizar instrumentos del propio orden financiero internacional para desmontar una institución creada precisamente para limitar la impunidad de los Estados.
Lo que está en juego, por tanto, es bastante más grande que Netanyahu o Gaza. Es si el mundo seguirá funcionando bajo la idea de que existen determinadas reglas aplicables también a los poderosos o si estamos entrando definitivamente en una etapa en la que cada potencia determina hasta dónde llega el derecho cuando afecta a sus propios intereses.
¿Qué hay de lo nuestro?
Para América Latina la discusión no es abstracta. La región conoce bien la diferencia entre tener soberanía formal y tener capacidad real para ejercerla. Durante décadas, buena parte de sus conflictos políticos y militares estuvieron atravesados por la capacidad de Washington de decidir qué gobiernos eran legítimos, qué dictaduras eran tolerables y qué violaciones de derechos humanos podían quedar subordinadas a una determinada estrategia geopolítica.
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Por eso la ofensiva contra la CPI debería interesarnos especialmente. No porque el tribunal sea perfecto —que no lo es, y su legitimidad también puede discutirse— sino porque los países pequeños y medianos necesitan instituciones internacionales precisamente porque no tienen la capacidad militar, económica o financiera de las grandes potencias.
Bolivia es parte del Estatuto de Roma. Eso significa que forma parte de ese sistema de justicia internacional y que, al menos formalmente, acepta que determinados crímenes no pueden quedar completamente sometidos a las fronteras nacionales.
¿Pero qué pasará cuando el nuevo mundo de “esferas de influencia” llegue también a la Justicia? El Gobierno ya retiró a Bolivia del Pacto de La Haya en marzo, un grupo que esencialmente velaba por la seguridad de Palestina de acuerdo a la tradición diplomática nacional. ¿Qué pasará cuando el “Escudo de las Américas” sugiera abandonar la Corte Penal Internacional?
Seguramente el mecanismo de funcionamiento de los organismos multilaterales, más los de Justicia, deben repensarse para asegurar que no están solo al servicio de los poderosos. Pero si esos poderosos además no solo pueden elegir a qué se someten, sino que además pueden torpedear su mínimo funcionamiento, el juego está perdido.
Brasil: Última estación
¿Qué pasó?
Brasil entró oficialmente en campaña esta semana para las elecciones presidenciales del 4 de octubre, y aunque hay decenas de candidatos, el duelo obvio es: Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
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Lula lanzó formalmente su candidatura el 16 de agosto en São Bernardo do Campo, el lugar donde construyó su trayectoria sindical y política. A sus 80 años, busca un cuarto mandato presidencial y enfrenta el desafío de conectar con un electorado mucho más joven y precarizado, especialmente con los trabajadores de plataformas digitales, un sector donde el PT ha perdido parte de su tradicional capacidad de representación.
Del otro lado está Flávio Bolsonaro, senador de 45 años y heredero electoral de un apellido que continúa teniendo enorme capacidad de movilización. Su candidatura confirma algo que ya se venía observando: el bolsonarismo ha dejado de depender exclusivamente de Jair Bolsonaro.
La primera encuesta Datafolha publicada después del inicio oficial de la campaña coloca a Lula con 39% en primera vuelta y a Flávio con 33%. La diferencia se redujo cuatro puntos respecto al sondeo anterior. En una eventual segunda vuelta, Lula obtiene 47% frente a 43% de Flávio, dentro de un escenario todavía estrecho, aunque todo esto ya lo vimos en la anterior campaña.
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La campaña, además, empezó con el lenguaje habitual de esta nueva política de los consultores transnacionales. El TSE ordenó retirar un vídeo difundido por Flávio que vinculaba a Lula con el PCC y el Comando Vermelho, al considerar que asociaba falsamente al presidente con organizaciones criminales.
¿Ahora qué?
Lo más interesante de Brasil no es que Lula pueda ganar o perder. Es qué hará la derecha brasileña con el legado de Bolsonaro.
Jair Bolsonaro continúa siendo una figura central del movimiento, pero está fuera de la carrera presidencial. Su hijo Flávio tiene que conseguir algo bastante complicado: heredar el voto del padre sin ser simplemente una copia.
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Es verdad que la derecha brasilera es un tanto distinta a la del resto del continente y ya no necesita construir desde cero una identidad antisistema. Tiene una base electoral, una estructura partidaria, una red de parlamentarios, gobernadores, iglesias, empresarios, influencers y medios digitales. Lo que está intentando ahora es convertir ese movimiento en una alternativa de poder institucional. Uno de los mensajes fuertes que encumbró a Bolsonaro o Milei: la lucha contra la casta, se enrarece heredando presidencias.
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Flávio propone, entre otras cosas, reducir al menos diez ministerios, imponer un nuevo techo de gasto y adoptar una política económica más liberal, mientras Lula apuesta por mantener el actual marco fiscal y combinarlo con inversión pública. En seguridad y en la relación con los demás poderes también existen diferencias profundas.
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Lo evidente es que el PT lidera, pero ya no ante una derecha fragmentada sino mucho más concentrada. Probablemente el escenario electoral reproduzca la dinámica conocida en buena parte de América Latina: una primera vuelta relativamente dispersa que termina convirtiéndose en un plebiscito entre dos modelos políticos y dos personas radicalmente diferentes.
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Si Lula gana, la izquierda latinoamericana conservará a uno de sus principales referentes y Brasil seguirá intentando ejercer una política exterior relativamente autónoma frente a Washington y Pekín. Si gana Flávio, el resultado supondría algo mucho más profundo: la consolidación de una segunda generación de la derecha populista latinoamericana, capaz de sobrevivir a su fundador y de convertir una experiencia personalista en una estructura política permanente.
¿Qué hay de lo nuestro?
Para Bolivia, Brasil es probablemente la elección extranjera que más deberíamos mirar, no solo por la frontera, el comercio, el gas, la energía y la enorme interdependencia económica. También porque Brasil vuelve a funcionar como laboratorio político para el continente.
La elección enfrenta dos modelos: un Estado que reivindica su capacidad de intervención económica y social frente a una derecha que promete reducción del Estado, seguridad, disciplina fiscal y confrontación con el establishment político. Cabe hacer notar que Jair no era esto, sino una derecha mucho más nacionalista que liberal, tal como quedó en evidencia durante su mandato.
Este matiz es clave y conecta con esa “internacional consultora”, que a veces abraza a Trump y a veces a Milei en tanto comparten formas y enemigos, pero que en algún momento deberán definirse en lo político. También Rodrigo Paz.
Para seguir: Chile y el nuevo cartel
La Fiscalía chilena ha bautizado como “Los 4 Fantásticos” a la alianza de cuatro bandas que, según la investigación, decidieron dejar de disputarse el territorio para coordinarse en el tráfico de drogas. El caso también apunta a posibles contactos con el Tren de Aragua, aunque conviene mantener cierta cautela: la investigación recién está comenzando y todavía no hay sentencias que permitan hablar de un cartel consolidado, lo que recuerda mucho a viejas estrategias de posicionamiento de temas de seguridad y construcción de actores.
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La alarma, sin embargo, ya está servida. Chile no produce cocaína en grandes cantidades, pero su infraestructura portuaria y su enorme flujo comercial lo convierten en una atractiva plataforma de salida hacia otros mercados.
El Gobierno de José Antonio Kast prepara mientras tanto más “estados de excepción”, registros de organizaciones criminales y nuevas herramientas represivas. La pregunta incómoda es si estamos ante una verdadera mutación del crimen organizado o ante la necesidad política de ponerle un nombre grande a un fenómeno todavía en investigación. Y, sobre todo, si perseguir bandas a golpe de excepción servirá para algo si nadie consigue seguir la ruta del dinero.
LAS RECOMENDADAS
Entre las recomendaciones para lel fin de semana:
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