Denuncian «violación de la integridad territorial» de España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una visita oficial a la ciudad autónoma de Ceuta para abordar de primera mano la grave crisis desatada en la frontera del Tarajal, calificada por el mandatario como una «violación de la integridad territorial de España».

Durante su intervención ante los medios de comunicación y las autoridades locales, Sánchez expresó el compromiso total del Ejecutivo con la seguridad de la ciudadanía ceutí y anunció la activación de todos los mecanismos del Estado para contener el flujo migratorio, restaurar el orden y reforzar los controles fronterizos.

El jefe del Ejecutivo español exculpa a Marruecos de la peor crisis migratoria de Ceuta y atribuyó el cruce masivo a una «lectura interesada» efectuada por organizaciones dedicadas al tráfico de personas sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Según explicó Sánchez, la resolución judicial determina la improcedencia del rechazo en frontera cuando el acceso se realiza a nado al carecer de una barrera física continuada. Esta interpretación circuló por redes sociales motivando el desplazamiento descontrolado.

Como respuesta inmediata, el Gobierno dispuso el despliegue de 350 efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la colocación de boyas de señalización en el espigón del Tarajal y el inicio de procedimientos de repatriación ágiles en coordinación con Rabat, fundamentados en los acuerdos bilaterales de devolución.

Más de 50 fallecidos

La crisis en la frontera sur expuso un severo impacto humanitario reflejado en el hallazgo de al menos 57 personas fallecidas en las costas de Ceuta. Los cuerpos de socorro y las fuerzas de seguridad mantuvieron operativos continuos de búsqueda para recuperar los restos de decenas de personas que se lanzaron al agua desde la localidad marroquí de Castillejos.

Muchos de los migrantes eran jóvenes impulsados por la desesperación y la falta de oportunidades económicas, quienes intentaron sortear el límite marítimo nadando en grupos masivos o rodeando a pie los espigones defensivos sin dominar técnicas de natación.

Frente al despliegue de seguridad, colectivos defensores de los derechos humanos y organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtieron que las medidas de contención no deben vulnerar el derecho internacional.