Milei reforma a la Policía Federal y habilita detenciones e inspecciones sin orden judicial

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este martes una reforma profunda de la Policía Federal Argentina (PFA), que —mediante el Decreto 383/2025 y sin pasar por el Congreso— habilita a esa fuerza a realizar requisas y detenciones sin orden judicial previa, así como tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales.

Según el estatuto reescrito, la PFA queda alineada a una nueva misión: “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos”, enfocándose en operaciones contra el crimen organizado, narcotráfico y delitos de alto impacto. La normativa también otorga competencia para actuar en “espacios públicos digitales” —como redes sociales abiertas o sitios web accesibles— también sin necesidad de autorización judicial.

La disposición precisa que esta ampliación de facultades se aplicará en casos concretos: cuando haya “presunción razonable” de que se esconden objetos del delito, existe urgencia por riesgo de desaparición de pruebas, o durante operativos públicos de prevención. Además, se habilita la actuación digital bajo pautas dictadas por la autoridad competente.

El presidente argentino anunció también la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), destinado a centralizar operaciones contra redes criminales complejas. Milei argumentó que esto responde a la necesidad de equiparar a la policía argentina con agencias internacionales como el FBI y los cuerpos de investigación de Estados Unidos e Israel.

Advierten sobre el riesgo de erosión de garantías judiciales y abuso de poder

La reforma llega en un marco tenso, apenas días después de que se ratificó la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó protestas y tensión social. Si bien el gobierno defiende la medida como un paso hacia la “profesionalización” y modernización institucional, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores advierten sobre el riesgo de erosión de garantías judiciales y abuso del poder.