Préstamo del FMI toca dos puntos débiles a Bukele

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio luz verde al anhelado préstamo de 1.400 millones de dólares a El Salvador, dinero fresco que oxigena la gestión del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, el pacto tiene una letra pequeña.

El alivio financiero no es incondicional. El Fondo impone al menos dos prerrogativas a Bukele para que tenga acceso a ese dinero a lo largo de 40 meses: mantener a raya el uso del bitcóin y mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Más allá de la típica receta del FMI, que implica recortes en materia fiscal para "corregir los desequilibrios macroeconómicos", la dosis diseñada para El Salvador da al traste con uno de los principales proyectos económicos de Bukele, que era la apuesta por la criptomoneda, y pone una lupa sobre las arcas del Estado.

El objetivo del programa, al menos en el papel, es que el saldo primario del Producto Interno Bruto (PIB) mejore un 3,5 %, respaldado por una "racionalización de la masa salarial", o lo que es lo mismo: recortes a los salarios o disminución del gasto público para ese apartado.

Transparencia y bitcóin

Hasta ahora, Bukele gobierna en una luna de miel. Pese a las críticas por su agresivo plan contra las pandillas, nada parece eclipsar su popularidad, sustentada en buena parte por la pacificación del país.

El punto flaco es la opacidad. Ya sea sobre las compras de bitcóin, la asignación de contratos públicos o las cuentas de organismos, es poca la información a la que se puede acceder de manera oficial, más allá de las publicaciones que hace el mandatario en redes sociales o sus pronunciamientos en actos de Estado.

"Se espera que las mejoras previstas en materia de gobernanza y transparencia impulsen la confianza y la inversión privada", declaró el subdirector gerente y presidente interino, Nigel Clarke, quien aseguró que ya se han dado pasos en esa línea con la promulgación de una nueva legislación anticorrupción y "la publicación por la Corte de Cuentas de auditorías de estados financieros de los organismos públicos".