La advertencia de la ONU para Colombia

La consecuente presencia de la violencia generada por organizaciones criminales y grupos armados irregulares en distintos territorios, la constante violación a los derechos humanos, la poca seguridad, la permanencia del histórico conflicto armado, los fallos de los diálogos de paz y la falta de gobernabilidad por parte del Estado, generan que Colombia se mantenga en una guerra latente que aún se libra a sangre y fuego.

Las organizaciones delictivas o grupos que están fuera de la legalidad, se aprovechan de la pobreza

Informe anual

A través del informe anual presentado esta semana por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el 58.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se alertó que la situación en ese aspecto en Colombia se dilata por la continua presencia territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, así como las estrategias violentas de control social que aplican e impactan contra la población civil.

Tal situación genera, además, riesgos para la gobernabilidad en los territorios, donde las comunidades creen cada vez más que el conflicto armado interno solo ha empeorado a pesar de la firma de los acuerdos de paz de 2016 con las extintas FARC-EP, esto con base a un estudio de la ONU de 2023 que señala que el 79 % de las personas encuestadas advertían que la guerra interna podía volver o que simplemente se había mantenido.

Además, según el estudio que analiza la situación de los derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, la violencia armada en Colombia "afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas", que se encuentran "en riesgo de exterminio", a los afrodescendientes, campesinos y sectores que se encargan de elaborar "procesos organizativos de base".

En el informe también se denuncia que "los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales siguen tratando de destruir el tejido social, cooptar, suplantar y/o eliminar organizaciones con presencia histórica en los territorios", entre ellos: autoridades indígenas, consejos comunitarios y directivos de las Juntas de Acción Comunal.

Para ello, las organizaciones delictivas o grupos que están fuera de la legalidad, se aprovechan de la pobreza y la pobreza extrema, que a su vez se alimenta de la escasez de oportunidades laborales para mejorar los ingresos familiares, entre otras fallas graves como educación, salud, vivienda y de economías sustentables no vinculadas a la actividad delictiva.

"Odio racista y prejuicios"

Además, estos grupos irregulares promueven la creación de nuevas organizaciones armadas para defender sus intereses y en algunos casos, buscan instrumentalizar a la población para cumplir con sus objetivos. Así mismo, imponen control social y territorial, imparten su forma de "justicia", que en el caso de las guerrillas se dirige especialmente contra la delincuencia y la violencia intrafamiliar.

Por ejemplo, dice el estudio, la percepción de que las organizaciones criminales y los grupos guerrilleros son responsables de impartir 'justicia' en los territorios, ha aumentado del 8,8 % en 2021 al 22,4 % en 2023.