El “cierre” de USAID y el impacto para América Latina

No es para nadie una sorpresa que, una vez asumida la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump avanzaría de las puras promesas de campaña, muchas veces exageradas, a la aplicación práctica en políticas reales y que intentaría que en este segundo mandato se aproximaran más a sus promesas. Estaba por ver su calendario y cómo acabaría impactando en América Latina. De momento se está dando prisa.

La influencia Elon Musk

Elon Musk, el hombre más rico del mundo e influyente asesor del presidente estadounidense Donald Trump, escribió un domingo cualquiera en su red social que la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) era "una organización criminal".

"Es hora de que muera", señalaba en su mensaje. Desde ese momento aumentaron sus críticas y se puso en el debate público el rol de la organización, que ya estaba bajo escrutinio luego de que el Departamento de Estado decidiera pausar por 90 días los fondos de ayuda al exterior.

El secretario de Estado, Marco Rubio, matizó en ese entonces que USAID “todavía” no desaparecería y, él mismo asumió de forma interina el control de la institución. Sin embargo, se preveía un final rápido, pues los empleados recibieron una licencia administrativa y la oficina fue cerrada.

Hasta hoy la cuenta de USAID en X fue suspendida y su sitio web se encuentra inactivo. Musk, quien también dirige el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), aseveró que lo tienen en su "foco" tras revisar cuáles entes federales "estaban violando con mayor frecuencia las órdenes ejecutivas" de Trump.

¿Qué pasaría en América Latina?

USAID, fundada en 1961, es una herramienta clave de la política exterior de EE.UU. y aunque Latinoamérica no es la principal región en recibir sus aportes, sí es una zona donde tiene una notable influencia.

La ayuda internacional a América Latina y el Caribe administrada por el Departamento de Estado y USAID en 2023 fue de poco más de 2.000 millones de dólares, de acuerdo al servicio de investigación del Congreso estadounidense. Menos de lo que factura Coca Cola en la región.

En su listado se señala que la anterior Administración de Joe Biden solicitó para 2025 413 millones de dólares para Colombia, principalmente para la lucha antidrogas y la integración de los migrantes. En segundo lugar, aparece Haití, con 356 millones de dólares, para supuestamente restaurar las instituciones democráticas, mejorar la seguridad y garantizar servicios básicos.

El tercero en la lista es México, con 109 millones de dólares, también para combatir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de derecho. Mucho más atrás en cantidades (81 millones de dólares) se menciona al Caribe en general y, por último, Venezuela (53 millones de dólares), para respaldar a "actores democráticos" y a organizaciones civiles.

Se trata, según el documento suministrado a los congresistas de EE.UU., del 75 % de asistencia exterior requerida por el Gobierno de Biden para América Latina y el Caribe para este año.

El propio Trump señaló al firmar la orden ejecutiva que buena parte de estos fondos no se destinaban a luchar contra la pobreza o el hambre, sino que financiaba en ocasiones movimientos subversivos en muchos países sin atender a los lineamientos de su propia política exterior.

Las preocupaciones

Diversos especialistas han expresado sus reservas porque, en caso de cerrar la USAID o simplemente suspender por completo la entrega de estos recursos, tendrían que abordarse otros mecanismos para atender temas como la migración, seguridad o visibilización de colectivos vulnerables.

De hecho, la medida podría contrarrestar los intentos de Trump por evitar que migrantes abandonen Latinoamérica con destino a EE.UU., aunque todavía no se ha determinado los reales alcances de un cierre definitivo. Cada país, además, tiene diferentes ámbitos en los cuales utilizan estos recursos.

En Colombia, nación señalada por múltiples reportes como la más afectada por el recorte, la USAID ha transferido 1.727 millones de dólares solo durante el mandato de Gustavo Petro, iniciado en 2022, informó el medio local La Silla Vacía a fines de enero pasado.

La semana pasada el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Romelli, indicó que la entidad recibe aproximadamente 15.000 millones de dólares de USAID para la atención de casos relacionados con comunidades étnicas y violencia sexual.

"Sí hay, claramente, un impacto en estos casos", declaró Romelli. "Esa congelación de esos fondos, que esperamos sea algo provisional y que realmente se pueda revertir, pues sí afecta. (...). No estamos hablando de casos individuales, sino 200.000", agregó.

Sin embargo, pocos días antes, Petro manifestó que la verdad sobre el conflicto armado en Colombia "no se puede suspender", por lo cual anunció que el Ejecutivo "reemplazará con su presupuesto" los fondos congelados a la JEP por parte de EE.UU.

Reacciones contrarias

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró de acuerdo con el eventual cierre de la agencia internacional y abogó por transparentar este proceso de asistencia económica.

"Nosotros sí creemos que EE.UU. debería de ayudar, por ejemplo, para dar apoyo e inversiones que permitan pues el desarrollo para que se atienda la causa, la raíz de la migración, pero de una forma transparente y en todo caso directa, como lo hace México con los programas de bienestar, de forma directa", enfatizó.

Mientras que, en Perú, aliado de EE.UU. en la región, el canciller, Elmer Schialer, reconoció que "ya ha empezado a impactar" la medida del Departamento de Estado. "Nosotros hemos pactado recibir 630 millones de dólares hasta el 2030. Esto se ha detenido y se va a reevaluar", comentó a Exitosa.

Empero, restó importancia al hecho, tal como hizo luego el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, entrevistado por Canal N. "Nos relacionamos más con lo que es sustitución de cultivos, erradicación de la hoja de coca, cultivos alternativos. En eso, EE.UU. ha estado invirtiendo 30 millones de dólares cada año, pero es una labor que la tenemos que seguir haciendo", dijo.

"En el peor de los casos, que no es lo recomendable, que EE.UU. no quiera invertir en ello, nosotros vamos a tener que asumirlo", aseguró Manero. "Valoramos todo el esfuerzo que ha hecho EE.UU. por el desarrollo del café, del cacao. Pero si se retira tampoco es un drama, [no es] que se nos viene el apocalipsis", cerró.

Bolivia expulsó a la USAID en 2013

El 1 de mayo de 2013 el gobierno de Evo Morales expulsó a la Agencia de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos (USAID). El mandatario boliviano acusó al organismo de interferir en los asuntos internos bolivianos y "seguir conspirando" contra su gobierno financiando políticos y organizaciones críticas, como el propio Trump reconoció recientemente.

Pese a la expulsión, muchas organizaciones y fundaciones siguieron recibiendo financiamiento a través de otras vías para operar en Bolivia, sobre todo a través de las campañas electorales, pues nunca se logró transparentar la gestión de fondos de las ONG.