Alemania: limitar la migración y proteger la democracia

Estas son las tareas que enfrentará un nuevo Gobierno alemán en materia de política interna en 2025: combatir la inmigración ilegal y promover la inmigración legal; contrarrestar mejor los ciberataques, y fortalecer el Estado de derecho y la democracia ante enemigos internos y externos.

Sin embargo, todos estos desafíos podrían quedar eclipsados por la profunda crisis en la que se encuentra la economía del país: grandes empresas industriales como Volkswagen anuncian cierres de fábricas, y la gente está preocupada por sus puestos de trabajo y sufre por la elevada inflación.

Altos precios de la energía y escasez de trabajadores cualificados

Marco Wanderwitz (CDU), político de Sajonia, explicó a DW: "El mayor problema que tenemos es que en este país nuestra economía tartamudea. Y eso afecta realmente a los cimientos y a la viabilidad futura. El gran problema es que los que hacen andar la economía han perdido la confianza en la política".

Y los motivos son los altos precios de la energía, el alto nivel salarial alemán, la ruinosa infraestructura, la abrumadora competencia de China. Pero también la falta de trabajadores cualificados y la creciente burocracia. Omid Nouripour, exjefe de Los Verdes, dijo a DW: "Tenemos una doble crisis, tanto económica como estructural. Esto se puede comprobar en el hecho de que los aparatos de fax siguen siendo un medio de comunicación de primer nivel en los departamentos de salud. Y esto se puede ver también en el atasco de las inversiones en este país".

Además, se producen ataques desde el exterior, a menudo desde Rusia, a infraestructuras como, por ejemplo, a la red eléctrica. "Lo más importante es proteger la infraestructura crítica. Tenemos demasiadas vulnerabilidades en el área. Y hay demasiados actores que están atacando la infraestructura crítica", afirmó Nouripour. 

Política más dura en materia de inmigración

Otros dos temas importantes son la inmigración y cómo debe el país lidiar con el creciente populismo y la ultraderecha. En lo que respecta a la inmigración, tanto la cifra de solicitudes de asilo como la cifra estimada de inmigración ilegal han disminuido recientemente.

Pero la Agencia Europea de Protección de Fronteras, Frontex, estimó que alrededor de 166.000 personas intentaron acceder a la UE de manera irregular en los primeros nueve meses de 2024.

¿Municipios abrumados por la inmigración?

En Alemania, muchos municipios y comunidades informan que están llegando a sus límites a la hora de acoger y atender a refugiados. El representante de la minoría de frisones y daneses en el norte del país, Stefan Seidler, de la "Asociación de votantes del Sur de Schleswig” (SSW) dijo a DW: "Lo que puedo decir ahora, desde mi punto de vista, es que los municipios se enfrentan a una enorme tarea que difícilmente pueden afrontar. Lo que necesitamos es el apoyo del Gobierno federal".

El político Wanderwitz, en cambio, lo ve de otra manera: "Por un lado, las cifras han disminuido. Y por otro lado, creo que se exageró el asunto. De hecho, sólo conozco a políticos municipales que dicen que aquí las cosas son mucho menos graves que en 2014 o 2015”.

Nouripour señaló que las cifras podrían volver a aumentar en los próximos años: "Sabemos que la situación en Ucrania podría generar más refugiados y vemos que uno o dos conflictos en Oriente Medio pueden escalar aún más".

Refuerzo del Tribunal Constitucional 

Stefan Seidler señaló: "Actualmente estamos experimentando una presión masiva de la ultraderecha. Estamos viviendo que hay fuerzas en Alemania que piensan que la mayoría es la única que siempre decide (…). Y como político de minorías, sólo puedo decirlo claramente: una buena democracia también tiene en cuenta a sus minorías".

Por este motivo, Seidler apoyó en diciembre una moción presentada en el Bundestag por la CDU, la CSU, el SPD, Los Verdes y el FDP para reforzar el Tribunal Constitucional Federal contra los ataques de la ultraderecha. La reforma estipula que para los futuros cambios de la estructura del tribunal se requerirá una modificación de la Ley Fundamental con el apoyo de una mayoría de dos tercios.