Newsletter
Mediterráneo: La soberanía de Space X
Este texto forma parte de la newsletter de análisis internacional que cada viernes manda el director Juesús Cantín conectando la actualidad internacional con la cotidianeidad nacional. Si quieres recibirla directamente en tu correo, suscríbete
Amigos, he vuelto
A estas horas en las que escribo este boletín Rodrigo Paz y José Antonio Kast van cerrando la primera de las dos jornadas en las que consta la primera visita de Estado de un mandatario chileno a Bolivia en 70 años. Un gesto sin duda importante para normalizar relaciones “post Haya” y que, de no haber sido tan anodino, lo podía haber hecho en la pasada legislatura Luis Arce con Gabriel Boric para extender un nuevo marco quizá acentuando otras prioridades.
El marco de hoy, a falta de que se difundan todos los acuerdos y documentos, me da la impresión de que lo ha armado al detalle el “Escudo de las Américas” con todas sus implicaciones geopolíticas.
Rodrigo Paz es un gestor excelente de las relaciones personales, más como anfitrión, que por cierto nunca estuvo ni cerca de la extrema derecha donde parece hoy milita y que es el germen del Escudo; José Antonio Kast no es un líder histriónico como otros representantes “modernos” de la corriente, sino precisamente todo lo contrario, un hombre doctrinal, personalista, capaz de tomar riesgos para imponer sus dogmas sin matices. En Chile señalan que Kast no es de los que se brinda para un show mediático de esta naturaleza, sino que la reunión ha debido ser pragmáticamente útil para su país, en el marco de su visión política, que precisamente es la que más se alinea a la del Escudo.
La reunión en Naciones Unidas, donde se adhirió formalmente Kast y Chile, despertó mucho debate en el país vecino. Trump y Marco Rubio no tienen dudas en describirlo como una alianza MILITAR (lo pongo en mayúscula) creada para combatir el narcotráfico – que en principio era una cuestión civil, pero ya no – y defender los recursos e intereses geoestratégicos de la región. Se entiende en cualquier caso que esos intereses están subordinados a Estados Unidos, que al fin y al cabo es quien paga la fiesta.
- Lea también: Cómo los centros de datos de IA se convirtieron en un elemento clave en la batalla política en EE.UU.
En Chile se debatieron los documentos que en Bolivia se guardan bajo siete candados, y aunque Kast ha dado explicaciones someras – Rodrigo Paz ni eso -, aparentemente el Escudo no es un Tratado vinculante que deba pasar por los parlamentos – aunque dada la correlación de fuerzas actual, ninguno de los dos gobiernos tendría problemas -, pero establece formas de compartir información al respecto de proyectos estratégicos y sobre recursos que en algún lugar del mundo podría considerarse subordinación y, casi, entregar un poder de veto a potencias extranjeras que parece impropio de estos tiempos.
Paz va a cumplir un año en el gobierno y los grandes temas: litio, ley de hidrocarburos, ley de inversiones, etc., no han avanzado. Mucho menos una reforma constitucional. Tampoco se ha saneado el Tribunal Constitucional. Es posible que los intereses del Escudo estén también en esto.
La alineación de liderazgos sobre el proyecto de la ultraderecha continental del Escudo seguramente acabe defenestrando el resto de proyectos de articulación soberana continental, como Unasur, Celac, etc., pues incluso la OEA, con sus instituciones desarrolladas e instaladas desde hace décadas, corre riesgo.
- Lea también: Juan Carlos Holguín: “Cuando los péndulos cambian los mecanismos de integración regional quedan en el fracaso”
No deja de ser curioso asistir a este momento histórico de subordinación casi absoluta y tan acelerada ante un gobierno que ha dado muestras de ser un peligro para la estabilidad del comercio mundial con sus represalias arancelarias, pero además un socio tan poco confiable.
En apenas una semana hemos asistido a un movimiento táctico que ha arrojado a Ucrania (y a Europa) al vacío: con el barril de petróleo por las nubes dada la intervención fallida en Irán, Rusia encontró margen para recuperarse económicamente vendiendo sus hidrocarburos a precios más altos; Zelenski respondió bombardeando refinerías y Trump, furioso porque el diésel caro en EEUU le puede costar su proyecto hegemónico que pasa por las elecciones de noviembre para las cámaras de representantes, acordó con su amigo y teórico enemigo en Ucrania comprarle aún más diésel levantando las sanciones al mismo tiempo que pedía elecciones en Ucrania para sacar a Zelenski – la Constitución prohíbe hacerlo en tiempos de guerra -.
Lea también: Por qué el internet de Starlink es clave en la guerra de drones de Ucrania contra Rusia
Como Zelenski se negó, al día siguiente sus radares defensivos dispuestos por Estados Unidos y provistos por las empresas de Elon Musk empezaron a fallar y decenas de ucranianos murieron víctimas de bombas y drones que no pudieron interceptar. Nadie se hace cargo del fallo “técnico”, pero todas las miradas e informaciones, hasta las de Musk, apuntan a Trump…
De esto vamos a hablar en detalle a continuación, pero sería necesario una amplia reflexión justamente en Latinoamérica, donde Trump despliega su escudo con promesas, pero sin garantías. Donde la dependencia tecnológica puede convertirse en absoluta y sin nada a cambio. Porque… ¿Qué hay después? Si Trump es capaz de desafiar a la OTAN en pleno y cambiar de criterio de acuerdo a sus intereses electorales inmediatos. ¿Qué garantías hay con un convenio que ni siquiera tiene respaldo legislativo?
Starlink en Ucrania: cuando la guerra depende de dos multimillonarios
¿Qué pasó?
Ucrania ha vuelto a comprobar hasta qué punto su capacidad militar depende de una empresa privada estadounidense. Esta semana, restricciones en la red militar Starshield, vinculada a SpaceX, dificultaron operaciones con drones ucranianos, tanto ofensivas como defensivas. El sistema impuso límites de velocidad que afectaron a dispositivos en movimiento y provocaron fallos en algunas misiones y docenas de muertos en la capital ucraniana.
La mejor cobertura al respecto la está haciendo en sus redes Nacho Montes de Oca, uno de los mejores especialistas en conflictos bélicos desde los frentes tecnológicos y económicos. Puedes seguirlo aquí
La conexión se recuperó parcialmente, pero el problema no está completamente resuelto y las implicaciones políticas y económicas, como hablamos, son majestuosas. Desde la semana pasada cuando empezaron los ataques a las refinerías rusas y que acabaron con Trump indultando el petróleo ruso y pidiendo elecciones en Ucrania, como veremos en el siguiente punto porque tiene algunas otras historias sobre las que reflexionar, se puede decir que EEUU ha dejado de ser un aliado de Ucrania y de Europa, pero nadie se atreve a decirlo muy alto, por lo que implica.
Lo dijo Elon Musk cuando desde Ucrania y Europa se puso en el punto de mira sus empresas vinculadas a Space X y que tienen en la industria militar su gran filón: “Es el pentágono o en última instancia, el POTUS”. Bomba nuclear con escape de seguridad: las empresas de Musk podrían quedar devastadas si se demuestra que, en un momento dado, actúan al servicio de otros intereses. Trump, sin embargo, “puede decir las estupideces más grandes y ustedes aplauden”.
- Lea también: Trump afirma que ni él ni Musk son responsables de la pérdida del acceso a Starlink por parte de Ucrania
El presidente Donald Trump negó este viernes que él o Elon Musk fueran responsables de la reducción del acceso. Sin embargo, informaciones de Reuters apuntan a que las restricciones fueron aprobadas por la Casa Blanca. Musk ha insistido en que el sistema militar está bajo control del Gobierno estadounidense.
¿Y ahora qué?
Desde la invasión rusa de 2022, Starlink ha sido fundamental para mantener las comunicaciones ucranianas, coordinar tropas y operar drones incluso cuando las infraestructuras terrestres son destruidas o interferidas. La red proporcionó a Ucrania una ventaja tecnológica difícil de sustituir. Precisamente ahí reside el problema.
- Lea también: Qué hay que saber sobre Starshield y por qué su interrupción inquietó a las fuerzas armadas de Ucrania
Cuando una infraestructura privada se vuelve indispensable para la defensa de un país, su propietario —o el Gobierno que controla su utilización— adquiere una capacidad de influencia extraordinaria.
No hace falta cortar completamente las comunicaciones para alterar una operación militar: basta con modificar las condiciones de acceso, limitar determinadas funciones o cambiar las reglas de utilización.
- Lea también: Starlink ha privatizado la geopolítica
El caso también revela la complejidad de la relación Musk-Trump, que ya fracasó en lo netamente político en apenas unos meses cuando el multimillonario dueño de Twitter jugó a ser el delegado para los recortes de la administración pública de Trump hasta que este se hartó de compartir foco, pero que se mantenía estable por el pragmatismo de los negocios. SpaceX es una empresa privada, pero sus servicios militares dependen de contratos y decisiones gubernamentales. No estamos, por tanto, ante un simple enfrentamiento entre un empresario y un presidente, sino ante una red de intereses comerciales, militares y políticos.
Supuestamente a lección para Ucrania y sus aliados europeos es nítida: diversificar proveedores, desarrollar alternativas y evitar que una sola empresa pueda convertirse en un punto de vulnerabilidad estratégica. Otra cosa es que esto sea posible.
¿Qué hay de lo nuestro?
Bolivia está lejos del frente ucraniano, pero no de esta discusión. La conectividad satelital, los centros de datos, la inteligencia artificial y las redes de comunicaciones forman parte de infraestructuras cada vez más importantes para la economía y la seguridad de los Estados. El Gobierno de Rodrigo Paz se ha convertido, literalmente, en un promotor comercial de la empresa de Elon Musk, que ya comercializa Starlink directamente.
Si de por sí la participación en el mercado de telecomunicaciones nacional es un asunto de soberanía y seguridad nacional, el riesgo crece cuando no existen alternativas, capacidad de negociación ni garantías de continuidad del servicio.
La pregunta que deja Ucrania es sencilla: ¿quién tiene realmente el control cuando un servicio esencial depende de una empresa situada fuera de las fronteras nacionales?
En un mundo donde los satélites privados pueden influir en el curso de una guerra, la soberanía ya no se mide únicamente por el territorio que un país controla, sino también por su capacidad para mantener operativas las infraestructuras de las que depende.
Trump, Putin y el diésel: cuando la energía altera los objetivos de la guerra
¿Qué pasó?
Donald Trump anunció el 9 de octubre un acuerdo con Vladímir Putin para facilitar la venta de diésel ruso en los mercados internacionales, mediante una flexibilización temporal de las sanciones estadounidenses. El mandatario aseguró que Rusia suministraría inicialmente más de 300.000 toneladas, seguidas de otros envíos durante noviembre y los meses posteriores.
La medida busca aliviar los precios de los combustibles, una preocupación política para Trump a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre que serán clave para sus intereses. En el cálculo, se supone que al americano promedio le interesa más cuanto le cuesta cargar el tanque que el hecho de que su país de el enésimo espectáculo bochornoso faltando a su palabra y anteponiendo los negocios a cualquier principio.
Kiev denunció que Washington ofrece oxígeno financiero a Rusia mientras exige a Ucrania que detenga sus ataques contra las refinerías rusas. Este viernes, Volodímir Zelenski volvió a cuestionar la estrategia estadounidense y pidió mayor respaldo europeo. Trump, por su parte, acusó a Ucrania de contribuir al encarecimiento del petróleo, al parecer un pecado mayor que todo.
¿Y ahora qué?
La operación revela una contradicción difícil de ignorar: Estados Unidos pretende impulsar una negociación de paz mientras concede a Moscú un alivio económico que puede ayudar a financiar la continuidad de la guerra.
Washington sostiene que la apertura energética puede incentivar a Putin a volver a la mesa de negociación. El resto se ríe en esa idea. El Kremlin no ha ofrecido ningún tipo de señal de que vaya a abandonar sus objetivos militares, ni falta le hace visto lo visto. Y el efecto sobre los precios podría ser limitado: el volumen anunciado es relativamente pequeño frente al mercado mundial y Rusia también afronta dificultades para garantizar su propio suministro.
La decisión ha provocado críticas de los dos partidos en el Senado estadounidense. Legisladores republicanos y demócratas han pedido revertirla, al considerar que los ingresos adicionales pueden contribuir a financiar la maquinaria bélica rusa.
El cálculo de Trump pretende combinar diplomacia, energía y política interna. Si consigue abaratar el combustible, podrá presentarlo como un resultado tangible para los consumidores. Si no lo consigue, habrá asumido el coste diplomático de debilitar las sanciones sin obtener una concesión equivalente de Moscú. Queda demasiado poco tiempo.
Lo evidente es que la paz ya no ordena las decisiones, pero tampoco parece que la economía sea un gran factor, tras haber gastado miles y miles de millones en bombas. Todo está subordinado a los intereses electorales.
¿Qué hay de lo nuestro?
Para Bolivia, la conexión es inmediata. Los precios internacionales de los combustibles condicionan las importaciones, las cuentas fiscales y el costo del transporte. Pero la lección va más allá del precio por barril: la seguridad energética depende de proveedores, capacidad de refinación, logística y decisiones políticas tomadas a miles de kilómetros.
El acuerdo es que Rusia proveerá a los mercados de Estados Unidos y mundiales. En ese orden. Por lo que el alivio puede ser imperceptible ya que las tensiones siguen en Oriente Medio y el barril WTI sigue al alza.
El caso ruso también muestra que las sanciones económicas no son instrumentos aislados: pueden flexibilizarse cuando cambian las prioridades internas de una potencia, incluso si eso beneficia a un adversario estratégico. Ya lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo.
Bolivia, que busca reconstruir su sector energético y reducir su vulnerabilidad ante la importación de combustibles, necesita considerar esas variables al planificar sus acuerdos comerciales y su política exterior.
Porque en la geopolítica energética, como demuestra este episodio, el combustible no solo mueve motores: también mueve alianzas, sanciones y decisiones de guerra.
Para seguir: Costa Rica se suma a la fiebre de la mano dura
El modelo de Bukele se extiende por América Latina y también seduce a dirigentes bolivianos. La promesa de seguridad plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre del orden?
- Lea también: El «modelo Bukele» que recorre América Latina
Costa Rica, históricamente identificada con la estabilidad democrática, acaba de inaugurar una megacárcel inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado tiene capacidad para 5.100 reclusos y simboliza el giro de un país golpeado por el avance del narcotráfico. No es un caso aislado: dirigentes de distintos países latinoamericanos buscan replicar la fórmula salvadoreña.
- Lea también: Costa Rica inaugura una megaprisión siguiendo el modelo de Bukele, adoptado en toda Latinoamérica.
La fascinación también alcanza a Bolivia, donde el vicepresidente y otros liderazgos populares han mostrado interés por fórmulas de autoridad y mano dura. El atractivo es comprensible en estos tiempos de emocionalidades intermediadas por redes: ante el miedo al delito y la desconfianza en la justicia, la promesa de resultados rápidos gana terreno.
El Salvador ha reducido drásticamente los homicidios, pero el régimen de excepción, las detenciones masivas y las denuncias de abusos plantean serias preguntas sobre el debido proceso y las garantías democráticas. La cuestión no es elegir entre seguridad y derechos, como si fueran incompatibles, sino construir un Estado capaz de proteger a la ciudadanía sin quedar por encima de la ley.
Las consecuencias se leen en el Latinobarómetro: apenas la mitad de los latinoamericanos cree en la democracia como el mejor método de gobierno. Vale ponerle un ojo.
LAS RECOMENDADAS
Entre las recomendadas para este fin de semana:
Sobre Brasil y su próxima elección
- Elecciones en Brasil: breve manifiesto contra la desolación
- Lula contra un tsunami conservador
- Brasil: el giro a la derecha va más allá del balotaje
- ¿Qué explica la ventaja de Flávio Bolsonaro en primera vuelta?
- Brasil y sus dos maridos
Sobre el estallido de la crisis de la vivienda y la convocatoria electoral en España: «Fuera los fondos buitre de nuestros barrios»: la nueva ola de luchas inquilinarias
Esto sobre el África: Burkina Faso en revolución. Un enigma llamado Ibrahim Traoré
Y esto de Anfibia: ¿Ya somos un país de mierda?
Muchas gracias siempre por leernos aunque sea un poquito.
Recuerden que pueden renovar su suscripción aquí y que esta es la mejor forma de proteger el periodismo independiente.
Nos vemos en las calles








