Caso de cuestionado primer ministro se complica en Perú

El caso de presunto uso de poder del primer ministro Alberto Otárola con fines personales parece complicarse tras una especie de operación de salvataje del alto funcionario por la joven coprotagonista del escándalo político-amoroso.

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Cuando extraoficialmente era inminente el retiro del cargo de Otárola, Yaziré Pinedo apareció anoche en la televisora Willax e intentó descalificar el audio difundido por otro canal, en el que el número dos del Gobierno le ofrece empleo con fines amorosos.

Sostuvo que el audio corresponde a la grabación en video de una conversación registrada en 2021, cuando Otárola no integraba el gobierno y que el material ha sido editado para usarlo en una maquinación cuyo fin es provocar su retiro del Ejecutivo.

La joven acusó al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor -acusado de participar en el poder sin ser funcionario-, de beneficiario de la conjura, urdida, según ella, por el expresidente Martín Vizcarra para que lo reemplace un allegado al primero.

Como supuesta prueba de lo dicho mostró una foto en la que aparece con Vizcarra y sostuvo que el audio publicado el domingo últimopor la televisora Panamericana, lo suministró el secretario general del partido de Vizcarra, César Figueredo, sin explicar claramente.

Según Pinedo, las grabaciones han sido editadas y corresponden al video de una conversación con Otárola que no es reciente, como afirmó la estación, y data de 2021.

El expresidente Vizcarra negó rotundamente el señalamiento de Pinedo y la emplazó a retractarse bajo amenaza de enjuiciarla.

El programa Panorama de la citada emisora rechazó la versión y ratificó su denuncia con argumentos como el hecho comprobado de que Pinedo obtuvo recientemente un contrato temporal de trabajo sencillo en el Ministerio de Defensa, con procedimientos de casos de alto nivel y con una paga equivalente a 14 mil dólares.

Además, señaló que es público que Yaziré Pinedo y otra mujer, Rosa Rivera, visitaron en septiembre pasado las oficinas del Primer Ministro y posteriormente fueron contratadas temporalmente con altos ingresos y el caso de Rivera es materia de una investigación.

Por otra parte, la Contraloría General cuestionó la legalidad del contrato de Pinedo, por duplicar con altos honorarios, la labor de personal de nivel salarial bajo.

Otárola mantuvo hace unos días una polémica por los informes de la primera sobre un cuantioso gasto estatal en consultorías y contrataciones irregulares, en gran número en la Presidencia del Consejo de Ministros, de la que es titular el primer ministro.