Perú, una vez más, en su laberinto político – legal - legislativo

El miércoles 26 de julio se votó un nuevo presidente del Congreso en Perú. Es un cargo clave, ya que el elegido asumiría el poder en caso de vacancia o renuncia de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, algo que tiene altas probabilidades de suceder a tenor de lo que viene sucediendo en el Perú en la última década.

Si así fuera, el presidente del Congreso, designado coyunturalmente presidente de la República, tiene la obligación constitucional de convocar a elecciones en un plazo no mayor a cinco meses, y sería quien controlara la transición.

El nuevo presidente del Congreso será finalmente Alejandro Soto, miembro del partido de derecha pragmática Alianza para el Progreso. Este partido es parte de una alianza que lideró el fujimorismo (Fuerza Popular) y que también sumó al sector más oportunista de Perú Libre –11 de sus 15 diputados–, el partido conducido por Vladimir Cerrón que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia (y que rompió con el profesor a poco de asumir su mandato). El espacio también logró integrar al partido del economista neoliberal Hernando de Soto (Avanza País) y a la derecha clientelar de Somos Perú y Podemos Perú, lo que les permitió alcanzar los 77 escaños para elegir al presidente del Legislativo unicameral y tremendamente dividido.

La alianza de bancadas de izquierda y centro logró sumar apenas 39 votos. El armado estuvo integrado por las bancadas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y a la mayoría de los diputados de Acción Popular. El candidato del bloque fue Luis Aragón, de Acción Popular, un abogado cuzqueño que representa el ala más popular de un partido tradicionalista con dos almas, la de derecha conservadora afincada en Lima y la popular, conectada con su representación territorial.

¿Cambio de fase en Perú?

El escenario de la vacancia[1] de Dina Boluarte sigue siendo poco plausible a corto plazo, pero sus probabilidades aumentan con el tiempo, ya que el fujimorismo –que controla buena parte del Congreso y ahora su Presidencia– encuentra crecientes incentivos para dejarla caer con una moción de vacancia. En primer lugar, porque es el partido mejor pertrechado orgánicamente para una hipotética elección presidencial, el único partido que puede proyectar cierto “orden”–aunque sea un orden corrupto– en un escenario de fuerte fragmentación, con fragilidad partidaria y ausencia de liderazgos. En segundo lugar, porque llegar a unas nuevas elecciones con su imagen ligada a la de la denostada Boluarte sería letal para sus intereses. Estas mismas razones llevaron al fujimorismo en enero de este año a intentar sin éxito adelantar las elecciones en el Congreso (obtuvo 68 votos en contra, 54 a favor y 2 abstenciones).

Con el comienzo de la nueva legislatura este 28 de julio, el fujimorismo tiene una opción alternativa a la vacancia: volver a presentar una propuesta de adelanto electoral. En este caso, al fujimorismo le bastaría con 66 diputados para que la propuesta tuviera que ser sometida a votación en referéndum. Si así fuese, la vieja fuerza de extrema derecha se haría con la bandera de cumplir con la principal demanda popular: el adelanto de elecciones.

No obstante, es preciso reconocer que la principal ventaja de Boluarte estriba en la resistencia de los congresistas a su propia disolución (y la moción de vacancia conlleva la disolución de la institución y nuevas elecciones parlamentarias). En estos dos años, el Congreso ha rechazado hasta tres veces un adelanto electoral que dejaría “en la calle” a los 130 congresistas.

Para tener en cuenta

Las protestas que se dieron en el marco de la Toma de Lima fueron masivas, pero no alcanzaron a trastocar las correlaciones de fuerza para condicionar al Gobierno de Dina Boluarte. El Gobierno repelió las protestas sin mayores niveles de violencia.

Pedro Castillo, el presidente electo, sigue detenido en el penal de Barbadillo, acusado de rebelión tras el fallido intento de cerrar el Parlamento en diciembre pasado. En su última alocución pública (virtual), Castillo afirmó que fue víctima de un complot entre la derecha y la Fiscalía, y que se encuentra secuestrado e incomunicado. El Poder Judicial avanza, además, en su estrategia de hostigamiento. El pasado 25 de julio ordenó el embargo tanto de sus bienes como los de su principal vocero, Aníbal Torres.

Mientras, el actual presidente del Jurado Nacional Electoral (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, fue amenazado de muerte por el grupo de ultraderecha Los Combatientes luego de que declarara que la democracia en el Perú atraviesa un “grave riesgo”. En respuesta, Salas decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una medida provisional de urgencia que permita defender la independencia del JNE, frente al intento de sectores ligados al fujimorismo y al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de deponerlo de su cargo.

La Policía vuelve a cargar con violencia

Nuevo episodio de violencia policial en la plaza 2 de Mayo de Lima en contra los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, entre otras demandas, se registró este sábado, mientras el Gobierno realizó en las calles de la capital un desfile militar con motivo de la celebración de los 202 años de Independencia.

Según testigos presenciales, la policía arremetió contra los manifestantes al tiempo que se han registrado enfrentamientos entre ambos bandos. La policía lanzó bombas lacrimógenas en la Plaza 2 de Mayo, donde se encontraban familiares de las víctimas mortales de las protestas que se desarrollaron en varias regiones del país en enero y febrero pasado.