Partido de Fujimori niega vínculos con lavado de activos

El partido neoliberal peruano Fuerza Popular negó este miércoles vínculos con una organización dedicada al lavado de activos, pese a que la Fiscalía considera a su líder, Keiko Fujimori, como presunto brazo político de la agrupación criminal.

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La hija del encarcelado exgobernante Alberto Fujimori figura con esa caracterización en la hipótesis fiscal, junto a Pier Figari, parte del entorno de Keiko en la campaña de 2016.

“Se pretende vincular a nuestro Partido con un operativo realizado por autoridades judiciales y fiscales”, sostuvo el partido de Fujimori, en un breve comunicado sobre la incautación de más de 200 propiedades del exsecretario general de FP, Joaquín Ramirez.

El texto agrega que no hay ninguna resolución judicial que responsabilice penalmente a FP o sus dirigentes, aunque Ramírez es investigado desde 2014 y cuando era dirigente de FP y brazo derecho, sobre todo financiero, de Keiko Fujimori.

También exhorta a la presidenta Dina Boluarte a que impida que sus ministros participen en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales, “pues podría interpretarse que existe un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”.

Se refiere así a la presencia de los ministros del Interior, Vicente Romero, y de Justicia, José Tello, en la rueda de prensa de los fiscales que informó sobre la incautación de más de 200 bienes de Ramírez o vinculados a él, por un valor de más de mil millones de dólares, según el ministro del Interior.

Las pesquisas, de acuerdo con el Ministerio Público, incluyen aportes financieros de Ramírez a la campaña electoral de Fujimori, que usó una de las propiedades del entonces dirigente de FP, en 2016, cuando ella sufrió su tercera derrota como candidata presidencial.

Entre las incautaciones figuran al menos tres locales de la Universidad Alas Peruanas, que dirigía Fidel Ramírez, tío de Joaquín y quien murió en 2019, tras lo cual una nueva dirección nombrada por los socios denunció a los familiares del difunto, que habían quedado a cargo del centro de estudios por lavado de activos.

Según reveló entonces un diario local, en 2021 los nuevos administradores de la universidad entregaron a la Fiscalía de Lavado de Activos 24 cajas con documentos como evidencia de presuntas actividades ilegales de los Ramírez.