Indulto
Castillo acatará decisión de Corte sobre Fujimori
Castillo desestimó así la exigencia del partido Fuerza Popular, de la hija de Fujimori, Keiko, de que el gobierno rechace la decisión de la corte
El presidente peruano, Pedro Castillo, confirmó que acatará lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el cuestionado indulto del exgobernante Alberto Fujimori, en una carta difundida este viernes.
La misiva, dirigida al titular de la CIDH, Ricardo Pérez, expresa que “me comprometo a cumplir cabalmente con las resoluciones que la Corte pueda emitir” en todos los casos que fueran sometidos a la CIDH en los que Perú es parte.
Cita al respecto los artículos de la Constitución peruana que así lo determinan, al igual que las obligaciones contraídas por estar el país adscrito a ese tribunal.
Castillo desestimó así la exigencia del partido Fuerza Popular, de la hija de Fujimori, Keiko, de que el gobierno rechace la decisión de la corte.
Esa instancia dispuso que Perú se abstenga de dar libertad al expresidente hasta que la CIDH decida sobre la impugnación de familiares de víctimas de dos matanzas por las cuales el preso fue condenado.
La carta comienza expresando la solidaridad de Castillo “con los familiares de quienes fueron víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos” en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
De otro lado, diversas organizaciones de derechos humanos de América Latina pidieron la nulidad del restablecimiento del cuestionado indulto a Fujimori, congelado por esa entidad regional.
El pronunciamiento contra la reactivación del indulto por el Tribunal Constitucional (TC), pese a que en 2018 la Corte Suprema lo declaró ilegal y lo anuló, fue firmada por organizaciones defensoras de derechos humanos de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
También suscribieron instituciones similares de República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá Estados Unidos y otros países.
La carta recuerda que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutada por un destacamento militar dedicado a asesinar sospechosos de terrorismo y en la que murieron 25 civiles inermes y ajenos a esa actividad.
Agrega que también fue condenado como autor mediato de secuestro por otros casos como corrupción.
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