Luces y sombras de la primera ley estatal de Vivienda de la historia de la democracia en España
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto que limitará los precios del alquiler en las zonas tensionadas y penalizará la tenencia de vivienda vacía.
Este martes el Gobierno de España ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la primera ley de Vivienda del país, que contempla el control de los precios del alquiler en las zonas más tensionadas, así como otras medidas para incentivar la bajada y control de los precios.
La aprobación del anteproyecto ha sufrido varios retrasos, lo que ha hecho que no haya llegado a la mesa del Consejo de Ministros hasta este 1 de febrero, aunque su aprobación se había previsto para antes de que finalizara 2021.
Se trata de una normativa clave en la política española, no solo porque los colectivos sociales llevan años exigiendo una regulación de esta cuestión, sino porque se trataba de una de las exigencias de Unidas Podemos (UP), el socio minoritario del Gobierno, para aprobar los presupuestos de 2022, que finalmente salieron adelante el mes pasado.
¿Qué novedades introduce la normativa?
El texto aprobado este martes pretende "configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar", en palabras de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Se incluye el control de los precios en las zonas tensionadas, que serán definidas por las administraciones locales por un periodo de tres años, que podrá ser prorrogado año a año si se cumplen los requisitos.
En estas zonas se deberá implementar un plan específico para revertir los desequilibrios y mecanismos de contención y bajada de precios.
Otras de las principales medidas consistirán en la estimulación fiscal del alquiler para vivienda habitacional (excluyendo las de uso turístico) de manera asequible. Así, el Gobierno establece bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
- El 90 % para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler un 5 % con respecto al contrato anterior.
- El 70 % si se alquila por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años en zonas tensionadas.
- El 60 % si se han realizado obras de rehabilitación o mejora.
Además, se premiará la ampliación de la duración de los contratos. De esta manera, los propietarios que ofrezcan contratos de al menos 10 años podrán evitar la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementarlos hasta un 10 %.
Asimismo, en las zonas tensionadas los inquilinos tendrán derecho a prorrogar su contrato tres años más de los 5 que actualmente contempla la ley, manteniendo las mimas condiciones y asegurándose que su renta mensual solo se incrementará durante ese periodo al mismo nivel que el Índice de Precios al Consumo (IPC).
Novedades también en el parque público
La nueva ley pretende proteger de forma permanente el parque público de vivienda social, que a partir de su entrada en vigor no podrá ser enajenado. Así se quieren evitar sucesos como la venta masiva de viviendas públicas a fondos buitres que se produjo tras la crisis financiera en ciudades como Madrid.
El anteproyecto establece el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad pública, unos inmuebles que obtendrán beneficios fiscales si son ofrecidos en alquiler a precios reducidos.
Además, con el afán de reducir el número de pisos vacíos se establecen recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles, (IBI) que ascenderán hasta el 150 % de la cuota para viviendas desocupadas durante más de dos años para aquellos propietarios que tengan más de cuatro viviendas en el mismo municipio, es decir, dirigido a los grandes tenedores de vivienda.
Buscando frenar los desahucios de familias vulnerables
Según ha explicado la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, otro de los efectos que se busca conseguir con esta normativa es el freno de los desahucios de familias vulnerables.
A partir de su entrada en vigor los juzgados encargados de establecer el lanzamiento de la vivienda tendrán la obligación de pedir un informe a los Servicios Sociales para evaluar la vulnerabilidad de la familia.
De esta manera, no se podrán efectuar desahucios cuando no se cuente con una alternativa habitacional, que no podrá ser un albergue como ha sucedido en algunos casos hasta ahora, según ha relatado Belarra.